El Tribunal Supremo ha dejado en manos de un juzgado de Madrid y no de la Audiencia Nacional la investigación penal al expresidente de la CEOE y al empresario Ángel de Cabo por la quiebra de Seguros Mercurio, compañía del Grupo Marsans disuelta en 2010 por falta de liquidez.
Según un auto del alto tribunal, en el que acoge la tesis de la Fiscalía, "no nos encontramos ante defraudaciones que pueden afectar gravemente a la seguridad del tráfico mercantil y a la economía nacional" y, por tanto, no es competencia de la Audiencia Nacional.
El Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, que investigaba a Díaz Ferrán, De Cabo y su "mano derecha", Iván Losada, por delitos de presentación de datos falsos, alzamiento de bienes, delitos contables y falsedad de documentos privados, se inhibió en marzo pasado a favor del juez Eloy Velasco al apreciar conexidad de estos hechos con el vaciamiento de Marsans que instruye este magistrado.
Velasco, que ordenó el ingreso en prisión de los tres en diciembre pasado, rechazó dicha inhibición en mayo y planteó al Supremo que la quiebra de Mercurio no tuvo una grave repercusión en la economía nacional, ni tampoco que con la tramitación por un solo Juzgado se evitarían dilaciones indebidas, sino más bien lo contrario.
Para el Supremo, aunque existe "sustancialmente identidad de imputados" en ambos procedimientos e incluso "coincidencias" entre las diversas sociedades partícipes o participadas en relación con la quiebra de Seguros Mercurio y la de Viajes Marsans, no se trata de los mismos hechos, a lo que añade que la competencia de la Audiencia Nacional no puede determinarse por la identidad de los autores.
Asimismo, los magistrados subrayan que no puede considerarse que se trate de un grupo delictivo organizado, ya que hay que investigar "la responsabilidad penal particularizada y no previamente organizada de un grupo de sociedades, y no de un grupo criminal constitutido para la comisión y realización exclusivamente de actos delictivos".
En este sentido, critican que el juzgado madrileño, en su auto de inhibición, sólo proporcionara "una genérica mención" a que las defraudaciones han tenido repercusión en Madrid, Baleares o Canarias, describiendo diez operaciones o transacciones que se refieren a compraventas de acciones "cuya trascendencia penal se desconoce, así como los perjuicios derivados de ellas".
La compañía Seguros Mercurio fue disuelta en marzo de 2010 por falta de liquidez para hacer frente a sus compromisos con clientes.
Fuera de la vía penal, el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid declaró en mayo de 2012 que Díaz Ferrán y su socio fallecido Gonzalo Pascual fueron culpables de la quiebra de Seguros Mercurio, y les inhabilitó para administrar bienes ajenos durante los próximos 15 años, además de condenarles pagar los 10,25 millones de euros de agujero de la aseguradora.
