El decreto que obliga a que determinados conceptos retributivos, como las aportaciones a planes de pensiones o los vales de comida, coticen en la Seguridad Social ha enfrentado hoy en el Congreso al Gobierno y a la oposición, que ha exigido que se abra un debate y se tramite como proyecto de ley.

Esta petición ha tenido lugar en la Comisión de Empleo donde la ministra del ramo, Fátima Báñez, ha comparecido a petición propia para informar, en principio, de las medidas más recientes de su Departamento y de la implantación en España de la garantía juvenil europea.

"Las empresas deben hacer política social con sus beneficios y no con cargo al sistema de la Seguridad Social" ha dicho la ministra al principio de la Comisión y lo ha repetido en el transcurso de la misma ante las unánimes críticas de la oposición, a la que ha acusado de hacer "demagogia" con este asunto.

Pero no sólo la oposición ha expresado su rechazo a la norma, ayer la CEOE emitía un comunicado en el que pedía la retirada de estas medidas adoptadas "de forma precipitada y sin la preceptiva consulta".

Con este real decreto ley, las empresas y los trabajadores deben cotizar a la Seguridad Social por conceptos de la nómina hasta ahora exentos, como el plus de transporte, vales de comida, guarderías, seguros médicos privados o planes de pensiones.

Los cambios están en vigor desde el pasado 22 de diciembre tras la publicación en el BOE del real decreto ley 16/2013 de 20 de diciembre de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

Para la ministra, "al primero que viene bien este decreto es al trabajador" y además ha asegurado que obligar a que las empresas registren todos los conceptos por los que cotizan o no en sus retribuciones, es hacer "más transparente el sistema económico y la competencia entre empresas".

Báñez también ha dicho que esto mantiene "el corazón del sistema del bienestar que es el sistema público de pensiones".

En línea con esa transparencia, la ministra ha anunciado que las empresas deberán comunicar a la Tesorería de la Seguridad Social en cada periodo de liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a los trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización y aunque resulte de aplicación bases únicas.

De esta manera, ha insistido, se incorporará "un criterio de transparencia para el trabajador, para la competencia entre empresas y para el sistema de la Seguridad Social".

Por contra, la oposición ha coincidido en que la medida supondrá una rebaja de los salarios porque "los empresarios no van a pagar nada de su bolsillo".

A juicio de la oposición, las medidas recogidas en el decreto van contra el Pacto de Toledo pero también contra las recomendaciones internacionales.

Además, han asegurado que en el decreto ley se están incrementado los costes sociales de la contratación, afectando especialmente a autónomos y microemopresas.

En el transcurso de la Comisión, Báñez también ha hecho un diagnóstico del mercado laboral, ha afirmado que está estabilizado y se ha frenado el proceso de destrucción de empleo.

Báñez ha llevado a la Comisión el plan de garantía juvenil y ha asegurado que "en muy poco tiempo" se hará efectivo en España este plan "con más incentivos a la contratación, que serán aprobados en breve".

En este marco, la titular de Empleo se ha referido a la financiación del plan "muy ligada" al Fondo Social Europeo y ha avanzado que "en 2014 y 2015, sólo se recibirá el 1 % de los 1.800 millones asignados". Por tanto, "España deberá anticipar el 99 % restante para ejecutar las actuaciones".