Construcción

Martinsa no logra hacer frente al pago de la deuda

El grupo inmobiliario debía abonar 18 millones como parte del calendario para abandonar el concurso de acreedores

27.01.2014 | 15:09

El Consejo de Administración de Martinsa Fadesa se ha acogido al mecanismo corrector que contempla el convenio de acreedores que suscribió en marzo de 2011 conforme al cual el impago total de una anualidad no supondrá la falta de incumplimiento del mismo.

De incumplir el convenio que pactó la inmobiliaria con sus acreedores y que le permitió dejar atrás una de las mayores insolvencias de la historia empresarial española, Martinsa Fadesa se vería abocada a la liquidación.

Según ha indicado la inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta decisión ha sido ya comunicada al Juzgado de lo mercantil nº 1 de La Coruña, que fue el encargado de tramitar en su día el concurso de acreedores de Martinsa.

En concreto, la inmobiliaria se acogió a la cláusula 3.4 del Convenio de Acreedores, el pasado 13 de enero.

El 11 de marzo de 2011, el juzgado gallego aprobó el plan de Martinsa Fadesa para pagar sus 7.200 millones de deuda en un plazo de hasta 10 años, con lo que la inmobiliaria gallega superó oficialmente el concurso de acreedores al que se acogió el 15 de julio de 2008, el mayor de la historia de España.

La inmobiliaria presidida por Fernando Martín logró entonces que el plan de pagos y de viabilidad, elaborado por su banca acreedora, fuese respaldado por el 73,69 % de las deudas con derecho a voto, muy por encima del 50 % exigido legalmente.

Entre los acreedores que rechazaban el convenio figuraba el banco japonés Shinsei Bank, la entidad JER Valencia y un grupo de medio centenar de perjudicados de Arganda del Rey (Madrid), junto con el ayuntamiento de la localidad.

Según constaba en el informe anual de gobierno corporativo de la inmobiliaria remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Martinsa Fadesa mantenía un "cash flow" para 2013 que arrojaba un saldo negativo de la tesorería por 16 millones (sin considerar financiación adicional).

Dado que la capacidad del grupo para atender la deuda está condicionada al valor de los activos y a su venta, las actuales condiciones del mercado podrían afectar de forma negativa al cumplimiento de los compromisos contraídos con los acreedores, avanzaba el texto.

En este contexto, la compañía subrayó en 2012 a la CNMV que el convenio detalla, entre otras medidas, que son necesarios dos impagos anuales para que pueda considerarse que existe un incumplimiento y contemplaba además la posibilidad de convertir en préstamo participativo los créditos vencidos hasta un máximo de un 35 %.

La inmobiliaria perdió 322,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, el 5,3 % menos que los números rojos registrados en el mismo periodo de 2012 gracias a la disminución de los gastos de explotación en un 7 % y las menores provisiones por depreciación de activos, un 32 % inferiores.

El resultado bruto de explotación (ebitda) multiplicó por casi tres su resultado negativo hasta los 33,4 millones.

En el periodo, la sociedad dominante mantenía un patrimonio neto negativo, una circunstancia que se veía corregida por la aplicación del Real Decreto Ley 10/2008, por los préstamos participativos vigentes, así como por los créditos convertibles en participativos, cuya autorización ya ha sido confirmada por los acreedores, ha explicado.

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