El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha reclamado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le absuelva del delito de fraude fiscal por el que fue condenado a dos años y dos meses de cárcel en el caso de Aerolíneas Argentinas. Defiende que "no existe defraudación alguna" y que su sentencia condenatoria parte de "premisas absurdas, incurre en patentes errores y carece de toda lógica".

Díaz Ferrán se expresa así en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha presentado contra la resolución dictada el pasado diciembre por el Juzgado Central de lo Penal, que le consideraba culpable de defraudar 99 millones a Hacienda en el Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal de 2001.

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso del ex presidente de la patronal, que ha contado con el apoyo de la Administración Concursal, que pide también revocar la condena ante la inexistencia de un delito fiscal.

El antiguo dueño de Viajes Marsans alega que el magistrado José María Vázquez Honrubia ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia en cuanto ha dictado una resolución con "graves errores" en la valoración de la prueba y afirmaciones "carentes de sentido".

Los hechos objeto de la controversia se refieren a un aporte de 300 millones de dólares que el ente público SEPI efectuó cuando vendió Aerolíneas Argentinas. La Audiencia Nacional sostiene que Air Comet recibió ese dinero, pero lo desvió a Interinvest, una sociedad pantalla, que no tributaba en España.

Por contra, Díaz Ferrán alega que la SEPI inyectó ese capital a Interinvest cuando seguía bajo su propiedad y que esta operación no tributa en España ni en el país andino. "No puede sostenerse que la operación se oculta al Estado cuando interviene SEPI, la Intervención General y el Tribunal de Cuentas", señala.

"Existió en todo momento la seguridad de que la operación carecía de impacto en el Impuesto de Sociedades de Air Comet", recalca su abogado Nicolas González-Cuellar, para precisar que el delito fiscal exige la concurrencia de "un dolo de defraudación" y que su cliente no actuó con tal consciencia.

Díaz Ferrán expone que la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) vendió a Air Comet la aerolínea de bandera argentina cuando esta se encontraba en una "situación calamitosa" en la que había sufrido "pérdidas elevadas y constantes". "Era un pozo sin fondo", ilustra.

Esta operación permitió al Estado español cortar la "hemorragia económica" y evitar el "problema de imagen" que suponía que una empresa pública estuviera en concurso de acreedores. Air Comet logró reflotar la compañía aérea, hasta que el Estado argentino la expropió en 2008, lo que originó el "derrumbe" del Grupo Marsans.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial tiene abierto un pleito por esta nacionalización en la que pende una reclamación de 1.000 millones de dólares, cuyo cobro permitiría saldar las deudas de los acreedores de Marsans, según recoge el recurso.