La Audiencia Nacional ha rebajado hoy a 34 millones la fianza solidaria de 800 millones que el juez Fernando Andreu impuso al grupo BFA-Bankia, a su expresidente Rodrigo Rato y otros tres de sus exconsejeros por presuntas irregularidades en su fusión y salida a bolsa.
La decisión de los cinco magistrados de la sección tercera de la Sala de lo Penal supone una reducción del 96 % de la cuantía establecida inicialmente por el instructor para Bankia y su matriz, BFA; Rodrigo Rato y su "mano derecha" José Manuel Fernández Norniella; el exconsejero delegado Francisco Verdú y el exvicepresidente José Luis Olivas.
Y es que los magistrados han estimado parcialmente los recursos de los seis imputados y el de la Fiscalía Anticorrupción, aceptando los argumentos esgrimidos en algunos de ellos para que, de no acceder a anular la fianza, al menos la redujera a lo reclamado los accionistas personados en la causa.
No ha ocurrido lo mismo con el del fondo de rescate español, el FROB, que acompañó su recurso de las opiniones del Banco de España y de la CNMV avalando las cuentas y el proceso de Oferta Pública de Suscripción (OPS) previa al debut bursátil de la entidad, pero que la sala ha desestimado por falta de legitimación.
Sin embargo, a pesar de la drástica rebaja, y a la espera de conocer la resolución íntegra en la que motiven el fallo que han adelantado hoy, el hecho es que el tribunal mantiene que esta medida cautelar es necesaria, avalando así las conclusiones de los dos peritos cedidos por el Banco de España que cuestionaron las cuentas del grupo desde su constitución por no expresar su "imagen fiel".
Todos los recurrentes, incluyendo Anticorrupción, cargaron contra los peritos judiciales criticando las "incertidumbres" y "debilidades" de sus tesis, que precisamente fueron las que sirvieron al juez Andreu a imponer el pasado 13 de febrero la fianza, ahora reducida a 34.064.578,58 euros.
Para el magistrado, la pericial ponía de manifiesto "con toda rotundidad que los estados financieros contenidos en el folleto de la OPS de Bankia no expresaban la imagen fiel de la entidad", extremo que el contrainforme de Bankia no contradice en ningún momento.
Por ello, calculó una cuantía "proporcionada, adecuada y justificada a los fines" con carácter provisional para asegurar las "legítimas expectativas" del conjunto de accionistas minoristas, no solo los personados, aunque precisaba que la ley permitiría ampliarla o reducirla, según la evolución del proceso judicial.
De hecho, desde que el magistrado acordara la medida, se ha producido una avalancha de peticiones de afectados para personarse en el procedimiento, registrándose incluso en un solo día hasta 400, según han informado a Efe fuentes jurídicas, que consideran así que la nueva cifra fijada por la Audiencia deberá ir incrementándose sucesivamente.
Aunque Andreu decretó la fianza de forma conjunta y solidaria para los seis imputados, fue el grupo el que finalmente la acabó aportando en solitario mediante una transferencia realizada a la cuenta de consignaciones del Juzgado el pasado 17 de marzo.
Desde el principio, BFA-Bankia dejó claro que iba a reclamar a su excúpula la parte proporcional, y para ello envió un requerimiento notarial a cada uno de ellos para exigir que aportaran 133,33 millones el pasado 26 de marzo.
Su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, anunció el pasado martes que el banco acudirá a la vía civil para pedir el embargo de los bienes de Rato y los otros tres exconsejeros imputados hasta alcanzar la cuantía reclamada.
A la espera de conocer si la entidad mantendrá sus intenciones con la nueva fianza, que deja en 5,6 millones lo que debería exigir a su excúpula sin contar los intereses, la Audiencia Nacional tendrá que devolverle los 766 millones pagados en exceso, han explicado fuentes jurídicas.
De este modo no sería necesario devolver el total del depósito de 800 millones realizado por el grupo financiero e iniciar un nuevo plazo de un mes para que los imputados paguen los 34 millones, como interpretaban que sucedería otras fuentes jurídicas.
