Evasión fiscal

La UE acuerda los criterios para crear su "lista negra" de paraísos fiscales

La lista estará a finales de 2017 - Debaten también crear una base común del impuesto de sociedades

08.11.2016 | 21:45
Rascacielos de Ciudad de Panamá, país considerado paraíso fiscal.

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) han llegado hoy a un acuerdo sobre los criterios para determinar qué países deben entrar en su "lista negra" de paraísos fiscales, que esperan tener preparada para finales de 2017.

"Nuestro objetivo es luchar contra la evasión fiscal y hoy hemos marcado un hito", dijo el ministro de Finanzas de Eslovaquia, que ostenta la presidencia de turno de la UE, Peter Kazimir, al término del consejo de ministros de Economía y Finanzas comunitarios celebrada hoy en Bruselas.

Los Veintiocho han aprobado las normas para evaluar las jurisdicciones de terceros países que no cooperen con la Unión en materia fiscal, así como el proceso para seleccionar qué jurisdicciones tienen que analizarse y las guías para llevar a cabo los exámenes.

En concreto, los criterios para determinar si un país debe ser considerado paraíso fiscal se basan en su nivel de transparencia fiscal, lo justa que sea su política impositiva y si implementa medidas contra la erosión de la base impositiva o la transferencia de beneficios.

Se tendrá en cuenta, por ejemplo, hasta qué punto las jurisdicciones colaboran en los intercambios de información fiscal o administrativamente con otros países.

Asimismo se considerará que no son "justas" cuando ofrezcan medidas fiscales preferenciales que puedan ser consideradas perjudiciales o cuando faciliten la creación de estructuras "offshore" o acuerdos destinados a atraer beneficios que no se correspondan con la actividad económica real en esa jurisdicción.

"Nuestros socios internacionales deberían regirse por altos estándares de transparencia, políticas fiscales justas y buena gobernanza fiscal. Hoy hemos dado un gran paso" dijo el vicepresidente de la CE para el Euro, Valdis Dombrovskis, quien destacó que es la primera vez que los países se ponen de acuerdo sobre este asunto.

La UE elaborará ahora una lista preliminar de jurisdicciones a evaluar, de forma que los análisis -que incluirán un diálogo con los países en cuestión para encontrar soluciones a las preocupaciones comunitarias- puedan concluir en septiembre de 2017 y la lista esté cerrada a finales de año.

La medida ha sido, en palabras del ministro eslovaco, "la guinda del pastel" de un consejo de la UE centrado en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, una lacra que ha cobrado relevancia en los últimos meses con las revelaciones de los Papeles de Panamá y de las Bahamas, que pusieron en evidencia la magnitud de la actividad europea en estos paraísos fiscales.

Los escándalos han elevado la presión sobre los estados y creado el "momentum" político que Bruselas quiere aprovechar.

Aprovechando la tesitura actual

De ahí que sobre la mesa de los ministros haya estado también la nueva propuesta para crear una base común consolidada del impuesto de sociedades, rescatada por la CE en octubre tras cinco años varada por las reticencias de las capitales a avanzar hacia la armonización fiscal.

"La respuesta ha sido en general alentadora", dijo Dombrovskis al término de la reunión, si bien ha concedido que "queda mucho trabajo por hacer".

Los ministros han apreciado especialmente que la Comisión haya propuesto separar la medida en dos fases, de forma que primero se aprobará la base común -la serie de reglas que fijarán en toda la UE cómo calcular la base imponible- para después abordar la polémica consolidación de los beneficios registrados en los Veintiocho.

La CE espera cerrar la primera etapa en 2019 y la segunda en 2021.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha insistido en que "en ningún caso debe abandonarse" la consolidación, punto en el que podrían encallar las negociaciones.

Durante el debate con sus colegas, el ministro español de Economía, Luis De Guindos, respaldó este enfoque en dos fases así como el hecho de que la medida vaya a ser obligatoria para las empresas con más de 750 millones de beneficios consolidados en la Unión.

De Guindos señaló no obstante que "habrá que analizar más detalladamente algunos puntos, como el potencial impacto negativo que puede tener en la recaudación del impuesto de sociedades".

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