La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha conseguido del Gobierno la posibilidad de reformar la regla de gasto, para lo que se creará un grupo de trabajo, pero se ha encontrado con el "silencio evasivo" a otra de sus demandas: la reinversión del superávit que generan los ayuntamientos.

"Salimos de aquí con una de cal y dos de arena". Así ha resumido el presidente de la FEMP, el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, la primera reunión de la Comisión Nacional para la Administración Local de la presente legislatura, a la que en representación del Gobierno han asistido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La de cal viene de ese grupo de trabajo que durante los primeros meses del año próximo formarán el Gobierno, las comunidades autónomas, la FEMP y la Autoridad Fiscal Independiente.

La de arena proceden del "silencio" a sendas demandas sobre reinvertir los 4.500 millones de superávit y conocer las tasas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Montoro ha encuadrado la revisión del funcionamiento de la regla de gasto, que forma parte de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la misma tendencia que impulsa la UE en estos momentos, y así, ha recordado que el próximo Ecofin analizará mecanismos para cambiar esa regla en Europa.

De hecho, ha supeditado la evolución del grupo de trabajo que se forme el año que viene a la de los informes que vaya redactando la Unión.

Sobre el "silencio" a la reinversión de los 4.500 millones de euros que los municipios han generado por encima de sus gastos, Montoro ha aclarado que la cuestión no estriba en que el Gobierno lo permita o no, sino en el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

No obstante, ha destacado que "hay que trabajar para ir adecuando" la regla de gasto a la situación actual de los ayuntamientos, "completamente diferente" a la de hace cuatro años cuando se hablaba del número de consistorios que "había que cerrar", según sus palabras.

Por otro lado, el ministro de Hacienda ha avanzado que mantendrá los objetivos de equilibrio presupuestario de las corporaciones locales para el año que viene y para el siguiente. Es decir, déficit cero.

También ha concretado los objetivos de deuda, que serán del 3,1 por ciento del PIB este año; del 2,9 en 2017; 2,8 en 2018; y 2,7 en 2019.

El superávit de los ayuntamientos, consecuencia del "excelente trabajo" realizado para alcanzar unas cuentas "saneadas", en palabras de Montoro, es el que permite que las demás administraciones puedan ir acoplando la reducción de su déficit al ritmo pactado con la UE.

En cómo usar el superávit no está de acuerdo el presidente de la FEMP, quien ha pedido, como adelantó ayer tras la Junta de Gobierno de la entidad, que los ayuntamientos puedan incluir en sus políticas presupuestarias el superávit en el que incurran.

Las corporaciones locales, ha dicho, han entrado en "superávit estructural" porque acumulan cinco años con sobrante de dinero en sus cuentas anuales. En 2016 esas cifras se han situado en 4.500 millones de euros.

Se trata de que los presupuestos municipales tengan más dinero, aunque sin caer en nuevas figuras de ingresos.

Sin embargo, en palabras de Caballero, el Gobierno ha contestado con un "silencio evasivo" y con la remisión a la norma actual, que no satisface a la Federación porque aboca a que este superávit quede como remanente. "Un remanente que no nos dejan gastar", ha denunciado.

Al menos ha podido avanzar en la posibilidad de que se flexibilice el techo de gasto, para lo cual se estudiará una reinterpretación de la regla de modo que se atenga a una forma "más realista y más positiva", ha señalado el presidente de la FEMP.

Caballero se ha mostrado convencido de que la FEMP conseguirá convencer al Gobierno de la apuesta por implantar otros mecanismos que fijen la regla de gasto.

Tras la reunión de hoy con los ayuntamientos, Sáenz de Santamaría y Montoro presidirán este jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera con la previsión de acordar el objetivo de déficit de las comunidades para el año que viene. El Gobierno cree que habrá consenso en un porcentaje que oscilará entre 0,5 y el 0,7 por ciento del PIB.