La Generalitat de Cataluña ha enviado mediante un burofax dirigido al Senado sus alegaciones a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, y aunque han llegado tres minutos tarde sobre el plazo establecido serán admitidas por la Cámara Alta, según fuentes de la institución.
El Govern ha decidido remitir mediante burofax el documento con las alegaciones en vez de presentarlo en el registro del Senado, y en el apartado donde se reseña la hora de admisión figuran las 10.03 horas, esto es, tres minutos después de la hora límite fijada para su presentación, a las 10.00 horas.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha designado al delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, para que le represente en el Senado en defensa de las alegaciones que ha enviado a la Cámara Alta ante las medidas previstas en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En el escrito de alegaciones enviado al Senado, Puigdemont informa de que será Mascarell quien asuma su representación "a los efectos requeridos".
No obstante, precisa que si eso no fuera posible, esa representación sería sumida por los senadores Josep Lluís Cleries (PDeCAT) y Miquel Angel Estradé (ERC).
En las alegaciones, la Generalitat ha acusado al Gobierno de haber "sobrepasado ampliamente" y "sin justificación" los límites de las medidas que permite el artículo 155 de la Constitución, porque van más allá de buscar el cese de las actuaciones del Govern relacionadas con el proceso independentista.
Además, señala que la medida puede genear una situación "aún más grave".
A juicio del Ejecutivo catalán, las decisiones que recoge el acuerdo del Gobierno para aplicar el 155 que va a debatir el Senado, "despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones".
Cita por ejemplo, entre otras, el hecho de que el presidente del Gobierno vaya a asumir la potestad de disolver el Parlamento y convocar elecciones en Cataluña, así como cesar al presidente de la Generalitat, limitar las potestades del Parlament y que el Estado se haga cargo de "la dirección política de la administración de la Generalitat en su conjunto".
Por ello, considera que si el Senado autoriza las medidas, "estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante e incurriendo en un exceso notorio" respecto al objeto del requerimiento previo que el Gobierno hizo a la Generalitat al activar el 155.
También interpreta que existe "una clara falta de congruencia" respecto de ese requerimiento y "con manifiesta desproporción entre la finalidad perseguida y las alteraciones impuestas al sistema institucional de la Generalitat".
En consecuencia, la Generalitat considera que ha habido una "patente vulneración del procedimiento previsto para el artículo 155 de la Constitución".
