Moody's decidió hoy mantener la nota crediticia de la Generalitat de Cataluña en el grado Ba3 y en perspectiva negativa, sin rebajarla, al considerar que la aplicación del artículo 155 de la Constitución reduce los riesgos creados por la salida de empresas y la incertidumbre política.

Según la calificadora, "el control reforzado del Gobierno central sobre la región tras la invocación del artículo 155" compensa los "riesgos aumentados" que se ven, en particular por el "clima de negocios en rápido deterioro" en la región.

En un comunicado, Moody's explicó que el mantenimiento de la nota responde al "extraordinario apoyo" que la Generalitat ha recibido del "Fondo de Liquidez Autonómico" y a la expectativa de que continúe.

La agencia avisa, en todo caso, de que la calificación podría rebajarse si se ven "problemas significativos en la implementación efectiva del artículo 155".

"Aunque poco probable, cualquier reducción del apoyo del Gobierno a la región desencadenaría una rebaja", indica.

Según Moody's, hasta ahora el control temporal asumido por el Gobierno central ha asegurado que se efectúan pagos a acreedores, proveedores y funcionarios.

"Con la invocación del artículo 155 hasta al menos las próximas elecciones regionales del 21 de diciembre, el Gobierno central extiende más su control de la región", recuerda.

"Como resultado, ahora tiene capacidad para gestionar los ingresos, gastos, tesorería y política financiera de la región, lo que lleva a Moody's a creer que los pagos de deuda serán cubiertos por el Gobierno central", añade la nota.

Desde el 26 de mayo del año pasado, la calificación de la deuda a largo plazo de la Generalitat de Cataluña está en el grado Ba3, en el rango de bono basura, con perspectiva negativa.

Mientras, la calificadora dijo hoy que ha rebajado la estimación del riesgo crediticio base (BCA, por su sigla en inglés) de Cataluña de caa1 a caa2 para reflejar "el deterioro" del perfil de crédito de la región.

El cambio, explica, "refleja las crecientes tensiones políticas entre la región y el Gobierno central tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre".

"La escalada en las tensiones políticas, que siguió al referéndum ilegal de independencia celebrado el 1 de octubre, llevó a unas 1.500 empresas a trasladar su sede fuera de la región", recuerda.

Moody's considera que la "inestabilidad política" afectará negativamente a la economía catalana, "en particular al sentimiento de los inversores extranjeros y al sector turístico, y añadirá presión a las finanzas ya débiles de la región".

Para la agencia, el "deterioro" de la situación económica que se espera para el último trimestre de este año y el año próximo "pone en peligro la recuperación financiera de Cataluña".