El Ministerio de Hacienda ha limitado al 50% el gasto de los ministerios y organismos autónomos en 2018 hasta que se aprueben los nuevos Presupuestos Generales del Estado de este año, según el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre que establece los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de las cuentas del Estado del año 2017.

El texto explica que los ministerios no podrán aprobar ni comprometer partidas de gasto de proyectos ya iniciados o nuevos proyectos referidos, entre otros, a inversiones reales, transferencias de capital y activos financieros y transferencias corrientes, una vez que se haya superado el límite de gasto del 50% previsto en los Presupuestos de 2017.

De este límite de gasto se exceptúan, según el acuerdo ministerial recogido por Europa Press, las transferencias destinadas a financiar las pensiones públicas, las clases pasivas y el desempleo.

Para asegurar el cumplimiento de este límite, Hacienda aclara que los centros gestores responsables deberán ir remitiendo a las oficinas de contabilidad los documentos contables correspondientes, "de forma inmediata una vez aprobados los actos de aprobación y compromiso (de gasto) por el órgano competente".

El departamento de Montoro precisa que "solo por causas excepcionales debidamente justificadas", el Ministerio de Hacienda podrá autorizar la tramitación de expedientes una vez superado el límite del 50% que, no obstante, no podrá superar en ningún caso el nivel de ejecución de 2017.

Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidos-Podemos han registrado ya la petición de comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que explique esta medida. El portavoz socialista de Presupuestos, Javier Lasarte, ha denunciado que este nuevo recorte del gasto público constituye una "forma de chantaje del Gobierno" en un momento en el que tiene que buscar apoyos para aprobar unos nuevos Presupuestos.

En la misma línea, el portavoz de Unidos-Podemos Segundo González ha indicado que Montoro "chantajea" a las CCAA y a otras fuerzas políticas para garantizarse la aprobación de los Presupuestos Generales, por lo que impone un límite de gasto prorrogado, "secuestrando" recursos e inversiones que pertenecen a la ciudadanía. "Montoro usa el Ministerio como un apéndice del PP y esto es intolerable en democracia", reiteró.

Por su parte, los socialistas denuncian que se limita "de forma indiscriminada" los fondos de los ministerios, lo que afecta a partidas importantes como las inversiones en infraestructuras, las becas, la financiación del sistema de dependencia, las transferencias a las comunidades autónomas o la financiación de los ayuntamientos.

También aseguran que es la primera vez que se toma esta medida y critican "la opacidad de este ajuste", del que no se informó tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre.

Por su parte, desde Unidos-Podemos el diputado Segundo González apuntó que la decisión de Hacienda también supone la congelación de 4.230 millones de euros de entregas a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica, así como paralizar convocatorias de becas o ayudas a ONG y frenar las inversiones en infraestructuras.

"Hoy hemos desayunado con otro recorte público, uno de los más escandalosos del Gobierno de Rajoy", denunció González, tras afirmar que el Gobierno aprobó "por la puerta de atrás" los criterios de la prórroga de los Presupuestos y asegurar que los recursos públicos congelados "no son de Montoro sino de la ciudadanía".