El Gobierno anunció ayer que incrementará su implicación ante la crisis de la factoría que la multinacional estadounidense de componentes para automoción Delphi tiene en Puerto Real (Cádiz) tras la presión política y sindical para evitar el cierre de la planta.
El sindicato UGT advirtió de que el cierre de Delphi podría tener "visos de ilegalidad" y el PP andaluz condicionó su voto a favor de una iniciativa parlamentaria del pleno andaluz a que se "pase del apoyo a los trabajadores a la propuesta de soluciones".
Estas reclamaciones se produjeron al tiempo que el ministro de Industria, Joan Clos, anunció que se pondrán en marcha políticas conjuntas entre las administraciones central y autonómica para resolver los problemas de Delphi.
Clos, que viajó Tarifa para reunirse con los representantes del comité de empresa de Delphi en el Ayuntamiento de esta localidad, dijo que tendrán "la información precisa para tomar decisiones y articular políticas en el ámbito laboral y social". Tras la reunión, el ministro anunció que el primer objetivo del Gobierno es conseguir que la empresa cumpla con la ley española.
Además la oficina económica de la Presidencia del Gobierno se ha sumado al Grupo de Trabajo que gestiona, junto con la Junta de Andalucía, el posible cierre de la planta gaditana. Según informaron fuentes del Gobierno, se trata de una mayor implicación del Ejecutivo ya que "participa un departamento directamente dependiente del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que demuestra el interés por buscar una solución y alternativas al empleo en la zona de Puerto Real".
La oficina económica de la Presidencia del Gobierno participará en las reuniones que mantengan los secretarios generales de Industria, Joan Trullén, y de Empleo, Antonio Fernández con los consejeros de innovación y empleo andaluces.
Presión. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, pidió un compromiso muy fuerte por parte del Gobierno y de la Junta de la Andalucía para que "la multinacional no se salga con la suya". Méndez recordó, tras la presentación de unas jornadas sobre empleo público y enseñanza, que el cierre de la planta de Puerto Real afectará a unos 4.000 trabajadores, entre puestos directos e indirectos, y que Delphi "no se puede cerrar en ningún caso".
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, apuntó que el cese de la actividad en Delphi traerá consecuencias ya que se trata de una decisión "que no es legal ni moral" y criticó al Gobierno por "resignarse" al cierre de la factoría y contemplar sólo medidas "paliativas" ante el despido de 1.600 trabajadores.
Por otra parte, el comisario de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, señaló que la Comisión Europea creará un fondo de ayuda para los trabajadores y territorios afectados por deslocalizaciones.
