Al menos 84.965 personas murieron el pasado año sin dejar testamento. El patrimonio de unos pocos, sin familiares próximos, acabará en las arcas del Estado, que ha recaudado más de 33 millones de euros desde el año 2000, parte de los cuales son repartidos entre instituciones benéficas o asistenciales.

El Ministerio de Economía ha tramitado desde 2000 un total de 820 expedientes de herencias sin testamento, y 602 de ellas [un 73,4%] fueron positivas para el Estado, lo que supuso unos ingresos netos de 33.262.266 euros, descontados gastos y el importe de los premios a particulares, un total de 1.450.661 euros.

Sólo en 2006 se ejecutaron 84 expedientes, 34 terminaron sin declaración a favor del Estado o con importe nulo y 50 fueron liquidaciones positivas en las que al no hallarse herederos legítimos la herencia pasó a manos del Estado. Fue el ejercicio en el que menos se recaudó, con los citados 2.255.533 euros netos, y se entregaron 52.623 euros en compensaciones a particulares.

A todas estas cifras habría que sumar lo percibido por cinco comunidades autónomas [Cataluña, Aragón, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana] que tienen competencias sobre la regulación de la sucesión intestada a su favor.

Cataluña es heredera actualmente de 250 personas que murieron sin parientes próximos y en los últimos tres años ha repartido 6,8 millones de euros procedentes de 49 legados.

Galicia ha recaudado 821.933 euros entre 2003 y 2006, en 16 liquidaciones de sucesión intestada, y Navarra repartió 274.127 euros a entidades sin ánimo de lucro en 2001 y recibió algo más de 30.000 euros y una vivienda en Pamplona, pendiente de subasta, en otras dos herencias hasta 2002.

La comunidad de Aragón, por su parte, aceptó en el último año trece disposiciones sin testar que supusieron 359.641 euros, además de cinco viviendas, un solar y cuatro fincas rústicas.

Condiciones. Cuando no hay herederos legales [familiares hasta cuarto grado y cónyuge] el artículo 956 del Código Civil establece que recibirá los bienes el Estado, el cual asigna una tercera parte a instituciones benéficas municipales del domicilio del fallecido, otra tercera parte a instituciones provinciales y el resto se ingresa en el Tesoro Público.

En caso de que la herencia sea conocida por comunicación de un particular, éste recibe un `premio´ del diez por ciento por su denuncia. Las comunidades citadas tienen su propia regulación en cuando al reparto del caudal, pero son casi unánimes en este punto, según los datos aportados por el Ministerio de Economía.