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La Junta mantiene que su déficit no le obligará a recortar los presupuestos

Moreno acusa al Gobierno de cargar a las comunidades con un sobreesfuerzo para excusar recortes en sanidad y educación

 
La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ayer.
La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ayer.  EFE

DAVID CELA El anuncio del Ministerio de Hacienda respecto al déficit de Andalucía (3,22% del PIB) no ha obligado a la Junta a «revisar» sus presupuestos para 2012. «Las cuentas andaluzas son más que razonables y demuestran que hemos hecho una gestión óptima de estos momentos» de crisis, aseguró ayer la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno. El déficit andaluz del 3,22%, pese a estar en la media de las comunidades, queda muy lejos del 1,3% comprometido con la UE.

Era algo previsible tanto por el Gobierno andaluz como por la oposición. Desde que el Parlamento aprobó los presupuestos autonómicos de 2012, el presidente del PP-A, Javier Arenas, no ha dejado de repetir que, gobierne quien gobierne tras las autonómicas, habrá que derogar esas cuentas porque se basan en previsiones inexactas. El desfase del déficit parece corroborar esta tesis, aunque la Junta se resiste a asumirla, porque lo considera «una gran mentira».

La consejera reiteró que el cálculo que ha hecho el Gobierno es erróneo, porque no computa ni los 1.504 millones que adeuda el Estado a Andalucía por el déficit en inversiones comprometido en el Estatuto (de 2008 y 2009), ni los otros 1.500 millones de los Fondos de Competitividad.

Si el Gobierno hubiera restado esa cantidad al déficit regional, «Andalucía podría seguir por la senda de la consolidación fiscal», dijo ayer Moreno, aunque no desveló cuál es el cálculo que da por bueno la Junta. La consejera de Presidencia reclamó «lealtad» en el cumplimiento del modelo de financiación autonómica por parte del Estado y reiteró que, pese a todo, el déficit del 3,22% sigue siendo «muy favorable» en el contexto nacional.
El debate sobre el límite del déficit público y sus consecuencias copó ayer gran parte de la reunión del Consejo de Gobierno.

Moreno aseguró que el Ejecutivo central no está siendo honesto al atribuir a las comunidades autónomas la responsabilidad sobre el disparatado déficit de la nación (8,5% del PIB). La Junta reiteró una vez más su «malestar» por que se esté montando «un verdadero escándalo» en torno al 3% de déficit de las comunidades, mientras se tapa que el Estado tiene un déficit del 5%. «El 60% del déficit de España corresponde al Estado no a las comunidades», advirtió Moreno.

La Junta también reprocha al Gobierno que haya «exigido a las comunidades un esfuerzo superior que al Estado» sobre el cumplimiento del límite del déficit, poniendo en la diana de los futuros recortes a las políticas sociales, la educación y la sanidad.

Si las comunidades soportan el mayor sacrificio del déficit, y el 75% de su presupuesto lo absorbe la sanidad, la educación y las políticas sociales, lo que está planteando el Gobierno al focalizar la responsabilidad en las regiones es apuntar con los recortes previstos (alrededor de 40.000 millones de euros) a estos tres pilares del Estado de Bienestar.

«El verdadero debate del que no se está hablando es en qué se ahorra y en qué se gasta, no quién ahorra y quién gasta», dijo la consejera. «Si se asfixia a las comunidades autónomas se asfixia a la educación, la sanidad y las políticas sociales», concluyó.

Moreno citó el artículo 8.2 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permite distribuir el déficit público de una forma más equitativa, según la Junta, a cómo se hace ahora: un 20% al Estado, un 75% a las comunidades autónomas y un 5% a las corporaciones locales.

Al haber invertido las obligaciones de déficit, se ha puesto el listón muy alto al Gobierno y muy bajo a las comunidades. «Nos están obligando a hacer un esfuerzo extraordinario, que va más allá incluso que la Ley General de Estabilidad Presupuestaria», matizó Moreno.

Flexibilización de objetivos. Andalucía apoya al Gobierno y defiende su petición a Bruselas para que se flexibilicen los objetivos del déficit público para España (algo que se decidirá mañana), pero cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no está siendo honesto al culpabilizar a las comunidades del desfase, y por tanto no descartan «pedir una revisión de los objetivos internos de España».

La Junta no sólo presentará alegaciones al cálculo del déficit andaluz, también prevé confrontar con el Ministerio de Hacienda en los próximos Consejos de Política Fiscal y Financiera.

En el fondo de este debate trasluce un pulso de dos modelos ideológicos, uno centralista y otro autonómico. Andalucía defiende las políticas sociales tanto para preservar el Estado de Bienestar como para lograr el gasto público, y pone como ejemplo la subasta de medicamentos y las oposiciones de profesor, que consolidan el empleo de los interinos. Ésta será su gran baza electoral.

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