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Radiografía de los ajustes que se aproximan

Cuando el recorte acecha

El pulso por el déficit público entre el Gobierno y la Junta de Andalucía va a más

 

ISABEL MORILLA Fuera eufemismos. Ni reajustes, ni moderación. A los ciudadanos no paran de martillearlos con dos palabras temibles: recortes y sacrificios. El déficit público se ha colado de lleno en la campaña y ayer llevó a una escalada de acusaciones muy sonoras. El Gobierno y el PP se esforzaron en vincular a la Junta de Andalucía con el «despilfarro y el descontrol». La Junta fue muy directa: el sobreesfuerzo que exige el presidente Mariano Rajoy a las autonomías, sobre las que ha descargado un recorte de 15.600 millones de euros, solo podría conseguirse privatizando servicios. Copago, cierre de colegios públicos, clausura de hospitales, fin de las prestaciones sociales…

La cosa se movió entre el retrato de una administración irresponsable y manirrota y el apocalipsis del estado del bienestar. Las elecciones andaluzas del 25 de marzo planean sobre las decisiones que debe tomar el Gobierno y las comunidades para ahorrar. ¿Dónde y cuánto? No se sabe. Callan y guardan sus cartas para el día después. Los Presupuestos Generales del Estado, el plano del edificio, la arquitectura sobre la que descansa la mayoría del gasto público del país, no se aprobará hasta el 30 de marzo. Cinco días después de las elecciones. El Gobierno se resiste por más que Bruselas aprieta. Reservar a Javier Arenas del coste de duros e impopulares recortes es clave para que pueda ganar.

De momento sólo hay cifras. Es fácil perderse. Sirva un dato: por cada punto que España se desvía del objetivo de déficit, hay que recortar 10.000 millones de euros. Para cumplir sus compromisos con la Unión Europea, el conjunto de las administraciones públicas de España debió cerrar 2011 con un déficit del 6%. Pero el dato quedó lejos: 8,51%. El mayor desvío, según el Gobierno, se produjo por culpa de las comunidades. Señalaba a quienes iba a imponer el régimen más estricto. Por culpa de la herencia recibida, dice el PP, hay que recortar mucho más de lo previsto. El presidente Rajoy le ha dicho a Europa que 2012 España cerrará con un déficit del 5,8% (estaba comprometido el 4,4%). De momento las comunidades deben ahorrar 15.600 millones de euros y no podrán pasarse del 1,5% de desequilibrio sobre el PIB. Ahora, arrojan un déficit conjunto del 2,94%. El de Andalucía es del 3,22%.

Desfase. Esto es lo que aprobaron el martes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el Gobierno y las comunidades. La mayoría, 13 de 17, gobernadas por el PP. Todas acataron sin rechistar menos Andalucía, que votó no. Cataluña, que había sido una de las más beligerantes, como Canarias se abstuvo. El Gobierno andaluz apoya que haya recortes. Respalda «sin fisuras», reitera cada vez que puede el presidente José Antonio Griñán, que España cierre el año con un déficit del 5,8%. Pero no admite el reparto que se ha hecho de los sacrificios: un 60% de margen de déficit para el Estado y un 40% para las autonomías. Griñán lamenta que el Gobierno se reserve «la parte del león» y condene a las comunidades. Pide recortar gastos de Defensa y a la Iglesia. El Ejecutivo alega que debe hacer frente al desempleo, con una negra previsión de destrucción de 630.000 puestos de trabajo. Griñán lleva días alertando de que el Gobierno, que sigue negándolo, prevé subir el IVA. No se sabe.

La Junta entiende que el Estado descarga los recortes sobre las autonomías, prestadoras de los servicios básicos: sanidad, educación y servicios sociales. Aquí entra el mensaje político-electoral. El Gobierno andaluz cree que hay un fin ideológico de desmantelamiento de lo público. Es una alerta clara a los ciudadanos que tienen que votar. El Gobierno pretende «forzar» a las comunidades a privatizar la sanidad y la educación y eso para la Junta es «una línea roja», mantiene la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, acusó a la Junta de azuzar la «confrontación» y tratar un asunto muy serio «en clave electoral». Apuntó al «despilfarro».
Son dos de las claves de la campaña electoral. El PP andaluz no se baja de la tríada paro, despilfarro y corrupción, que tan buenos frutos le dio en 1996 contra Felipe González. El PSOE agita el discurso del miedo a la derecha, advirtiendo sobre todo de lo que puede suponer para el estado del bienestar en Andalucía la llegada de Arenas a San Telmo.

Hay poco rigor. El ministro Arias Cañete estimó que cada comunidad tendría que recortar 800 millones de euros. Es la cuenta de la vieja: divide la cantidad total a recortar entre las comunidades que hay.

Pero ¿dónde meter la tijera, de cuánto dinero estamos hablamos para el Presupuesto andaluz, qué servicios van a perder los ciudadanos, qué impuestos pueden subir? La Junta aprobó unas cuentas públicas para 2012 de 32.020 millones de euros, un 1,1% más que en 2011. Desde el primer minuto, el PP aseguró que era un Presupuesto «falso», diseñado para las elecciones (se presentó en plena efervescencia de las generales del 20 de noviembre), que no duraría más allá de primavera y que se derogaría.

Las previsiones económicas con las que la Junta realizó sus cuentas son muchísimo más optimistas de las que ahora existen. El Ejecutivo andaluz confió en la recuperación y estimó un crecimiento «prudente» del PIB del 1%. El Gobierno, en línea con otras previsiones internacionales, acaba de advertir de una caída del 1,7% este año. Así lo escribe en el cuadro macroeconómico del Presupuesto. Eso influirá directamente en los ingresos de las comunidades, que se nutren en una parte muy importante de lo que les llega directamente desde el Estado. Si la cosa va peor, se recauda menos, llega menos. Andalucía no sabe cuánto tiene que descontar sobre lo previsto. El Gobierno exige severos recortes cuando la Junta no sabe con qué cuenta para cubrir gastos.

Números. El líder de los populares es el único que maneja una cifra: estima un «agujero» de 4.000 millones de euros. Habla de que el Gobierno andaluz, lejos de cumplir con sus planes de ahorro, ha disparado el déficit y esconde muchísimas facturas en los cajones. ¿Y cómo piensa Arenas afrontar este desfase? Sus recetas, las que incluye en el programa electoral, se antojan pacatas para poner orden en tanto caos como describe. Su mensaje es «austeridad, austeridad y austeridad», incluye una estricta dieta para la administración, con la supresión del 50% de altos cargos y de delegados provinciales.

Propone además una reforma del sector público en la que eliminará a todos los «enchufados». No se sabe qué significa ni qué personal saldrá. Arenas no va a comprometerse con este tipo de anuncios. Lleva dos años sin hacerlo. Además, el PP promete rebajas en impuestos, igual a menos ingresos. En concreto en el tramo autonómico del IRPF y la eliminación de Sucesiones y Donaciones. Propone recortar las subvenciones a empresarios, sindicatos y partidos políticos.

El programa del PSOE exige una reconsideración del objetivo de déficit cero. Griñán insiste en que si solo se recorta, sin estimular la economía, no se podrá despegar. Los socialistas apuestan por blindar la sanidad y la educación públicas. Pocos detalles más. La Junta alega que ya ha llegado al hueso. Ha dejado en nada las inversiones, ha recortado en sus empresas públicas –tiene en marcha un plan que debe ejecutarse hasta junio– y ha impuesto topes a los salarios públicos. ¿Algo más podrá hacer una administración que dedica 3.322 millones a sus empresas públicas en 2012? No, replica.

Los nubarrones económicos son temibles. La tijera acecha, pero el ciudadano votará sin saber dónde entrará.

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