El economista Eduardo Garzón ha desgranado las principales propuestas que plantea Unidad Popular-Izquierda Unida (UP-IU) en su programa electoral para "democratizar" la economía y "para que todos los beneficios que somos capaces de generar redunde en la mayoría social".

"No prometemos milagros, pero sí luchar contra la élite económica y política que no quiere perder su estatus", ha asegurado en su comparecencia en Málaga ante los medios, junto al cabeza de lista de UP-IU por la provincia malagueña, Francisco Guzmán, el 'número tres', Juan Miguel Acejo, y la candidata al Senado Berta Guerrero.

Ha destacado la importancia del programa económico de la coalición de izquierdas dentro de sus propuestas electorales y, "de entre todas las virtudes que presenta esta candidatura y que la hacen única", ha subrayado el que "tenemos claro quién es el enemigo y lo señalamos de forma clara y con valentía".

"A pesar de tener desarrolladas unas capacidades tecnológicas que nos permitirían a todos vivir dignamente, hay una élite económica y política que nos lo impide porque sería perder sus privilegios", ha criticado el asesor económico de UP-IU.

De lo que se trata, ha añadido, "es de devolver la herramienta económica al servicio de la gente, de democratizar la economía sabiendo que el problema que padece este país no es económico, sino político".

Del programa económico, Garzón ha incidido en algunas medidas, como la nacionalización de los sectores estratégicos, "que, además, dependen de las ayudas públicas, como son la banca o las energéticas". También ha aludido al compromiso de hacer una auditoria a la deuda pública "para reestructurarla y no pagar la parte ilegítima".

Otra medida del programa económico de Unidad Popular-Izquierda Unida es emprender "una reforma fiscal muy progresiva de forma que las grandes empresas y fortunas paguen lo que le corresponden y dejen de usar artimañas como los paraísos fiscales para no contribuir".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de "revertir las políticas de austeridad a las que nos han sometido desde la Unión Europea, con la idea de aumentar el potencial del sector público", a través de un plan de emergencia social, que supone "sacar a mucha gente de manera inmediata de la situación en que se encuentra".

Entre estas medidas está una programa por el cual se garantiza "un millón de puestos de trabajo en un año en actividades socialmente útiles". "Esto permite a las personas a tener unos ingresos dignos, realizando una actividad que redunda en el beneficio de la comunidad y, a la vez, genera economía", ha explicado.

Por su parte, Guzmán ha explicado cómo repercute ese programa en la provincia de Málaga, destacando que el plan de emergencia social atenderá a 48.656 malagueños a través del plan de trabajo garantizado; 97.312, mediante la renta garantizada; 100.992 con el aumento de la pensión mínima; y 75.015 con un salario mínimo.

La propuesta de renta básica contempla un salario mínimo garantizado de 529 euros mensuales y los beneficiarios serían aquellas personas con ingresos inferiores al 70 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en función de su unidad de convivencia, lo que actualmente se sitúa en 455 euros, han apuntado.

En cuanto a las pensiones, UP-IU propone una revalorización de la pensión mínima. En aquellos casos de las personas con cónyuge no a cargo, la prestación será equivalente al Salario Mínimo anual; mientras que para quienes tienen cónyuge a cargo, la prestación sería del 110 por ciento del Salario Mínimo.

UP-IU también hará una elevación progresiva del Salario Mínimo Interprofesional: 774 euros mensuales en 2016, 890 euros en 2017, 1.023 euros en 2018 y 1.176 euros en 2019.

De la misma manera, unos 48.656 jóvenes malagueños se beneficiarán del plan de empleo y formación, mientras que 35.263 pequeños empresarios y autónomos de la provincia recibirán ayudas del Estado. El paquete de ayudas a estos últimos incluye la simplificación de los procesos administrativos o la subvención durante dos años de parte de la remuneración de nuevos empleados: 30 por ciento de la retribución bruta hasta un máximo de 6.000 euros año y un 20 por ciento para el segundo año.

Guzmán ha asegurado que "hay dinero para emprender éstas y otras medidas que incluye el plan", pero que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "lo ha destinado a salvar bancos y a autovías".