El futuro del metro entra en la campaña

El paso atrás hecho público ayer por el alcalde de Málaga en el inicio de la campaña parece una maniobra destinada a anular el impacto electoral de un hipotético enfado vecinal ante un metro en superficie por Eugenio Gross y Blas de Lezo. Sin embargo, también ha dejado a la concesionaria en una situación compleja al dejar en el aire el cumplimiento de lo firmado y al BEI vigilante ante cualquier retraso en el calendario cerrado con Ayuntamiento y Junta, que pone finales de 2017 como fecha tope para terminar la obra y ponerla en servicio.

La maniobra recuerda a la realizada por el Ayuntamiento en 2004 y 2005, cuando abrió el debate del uso de la tuneladora para hacer el metro bajo la Carretera de Cádiz. En aquella ocasión manipuló a varias asociaciones de vecinos en esta lucha política que terminó con el abandono de esta idea ante la imposibilidad técnica de usarla, acreditada por un informe pedido por el Ayuntamiento de Málaga al mayor experto de este sistema constructivo, Manuel Melis.

De la Torre se aferra a condicionar el proyecto del metro al consenso vecinal, posibilidad cada vez más lejana cuando el propio equipo de gobierno ya incluye la propuesta de que vaya soterrado. Esto deja a la Consejería de Fomento sin el apoyo para defender la propuesta en superficie a la que se había comprometido el alcalde en el convenio firmado en noviembre de 2013, bien es verdad que a regañadientes y con la amenaza de la concesionaria Metro de Málaga y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de plantear reclamaciones millonarias.

Abrir el debate de soterrar el metro hasta el Hospital Civil tiene dos riesgos graves. El primero es que hay que hacer un nuevo proyecto constructivo y establecer un calendario de ejecución más amplio del contemplado, que prevé su entrada en servicio a lo largo de 2017 para cumplir con las exigencias de puesta en servicio que plantean los inversores (BEI y Metro de Málaga).

Además, la inversión se dispararía por encima de los 41 millones previstos por ahora. Los cálculos iniciales para los 1,8 kilómetros de trazado estiman un coste del proyecto de 160 millones de euros, eso si no hay imprevistos en la obra que dilaten los plazos y disparen los costes. Una inversión que se antoja excesiva para un momento de contención presupuestaria que durará varios años y que además tendrían que abonar Junta y Ayuntamiento. Este pago se haría a cargo de los costes de explotación anuales que tienen que asumir estas dos administraciones (75% y 25%) y que actualmente están establecidos en 70 millones.

Además, los retrasos de la fecha de 2017 y no alcanzar los 21 millones de pasajeros anuales estimados para alcanzar el equilibrio económico implicarían más sobrecostes a cargo de las arcas públicas.

Otro elemento son las reclamaciones económicas que tanto la concesionaria del metro como el BEI podrían hacer por incumplimiento de los compromisos de fechas. No sería poco dinero. En Sevilla, por un incumplimiento de plazos, la concesionaria ha interpuesto una demanda para reclamar una compensación de 145 millones de euros.

La apertura de este debate en plena campaña electoral y con el proyecto del metro en superficie en redacción deja el futuro de esta infraestructura sumida en la incertidumbre después de asegurar la financiación para terminar el proyecto acordado. Si los plazos se dilatan, aunque el debate se cierre sin cambios, puede también afectar a los costes y ahuyentar a posibles inversores por falta de seguridad jurídica.