 Antonio J. Vargas Yáñez. Tan incierto como apasionantepor Antonio J. Vargas Yáñez, Decano Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga La exposición de motivos de la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía reconoce un doble sentido: “la tutela de intereses públicos implicados en el ejercicio de profesiones tituladas” y la búsqueda del “interés particular de sus miembros”. Dos objetivos que no sólo justifican su existencia sino que, en el caso de que no existieran, obligarían a inventarlos. Otra cosa es que los actuales Colegios sean eficaces o que incluso no tengan las estructuras necesarias para hacerlo. Sorprende el hecho de que el mismo legislador que confirió esa misión de tutela sea ahora el firme paladín de una desregulación cuasi absoluta, justificada al mismo tiempo en su demonización y en las bondades del mercado como mecanismo de regulación. no nos sorprende a nadie; inmersos como estamos en una marea liberalizadora que se ha constituido en la única panacea para la salida de la crisis que ella misma ha generado.
De nada sirve explicar que en 25 de 31 países europeos existe una obligación de colegiación. O que, las funciones subsidiarias de la Administración que tenemos encomendadas y cumplimos, en Europa las realiza la Administración y las paga la ciudadanía en su conjunto vía impuestos, mientras que aquí son los propios profesionales quienes las sufragan. Tampoco da resultado explicar que los honorarios profesionales o las tasas de visado no repercuten en el precio final de la vivienda porque éste, en el mercado de la vivienda que se ha creado, siempre es el máximo que puede pagar el comprador. Y quizás sea porque para el legislador, el verdadero problema no radica en lo expuesto sino sus funciones de tutela (baste como ejemplo el Reglamento de disciplina urbanística de Andalucía) y de lucha por el interés de sus colegiados, que periódicamente inciden sobre una Administración poco acostumbrada a encajar criticas o a que se les cuestiones sus procedimientos de adjudicación, por seguir con los ejemplos. Pero, con independencia de lo que unos legisladores, cada vez más inquietos ante una sociedad civil organizada al margen de ellos, puedan determinar; lo que realmente decidirá a corto plazo el futuro de los Colegios en el S. XXI será que seamos capaces de dar respuesta real al segundo de nuestros fines: la búsqueda del interés de sus miembros. En una situación en la que, en los últimos veinte años el número de arquitectos colegiados se ha multiplicado por tres en la provincia y el número de visados se ha reducido al cinco por ciento del máximo de los últimos años, el objeto principal de un colegio profesional no puede seguir siendo el visado de proyectos que no existen, si no dar servicios a su miembros y constituirse en la voz de referencia de la profesión en la sociedad. Desde sus inicios en el siglo pasado, los Colegios no han dejado de ser obedientes apéndices de la maquinaria de la Administración de los que ahora resulta fácil desprenderse sin pararse a pensar que futuro se les espera todos los que trabajan en ellos. Personalmente, creo que esta función no le importa mucho a un gran número de los colegiados, sea cual sea su profesión y su Colegio. Otra cosas es que, una postura personal e institucional responsable nos conduzca a asumirla con la mejor diligencia y la mayor eficiencia y, a defender que su salida de un ámbito de autorregulación no sea una tapadera que esconda un proceso de privatización encubierto. El siglo XXI deberá contemplar unos colegios profesionales cuyos servicios a los colegiados hagan imposible concebir la profesión fuera de ellos, al margen de que la obligatoriedad o no de la colegiación. Unos colegios que sean capaces de alzar su voz como autoridades en sus respectivas materias ordenando o clarificando el a veces estéril y desenfocado debate político cotidiano. Colegios que, con independencia de las funciones de la Administración que ejerzan subsidiariamente (y que el legislador no se ha parado a valorar que le costaría asumir, ni que consecuencias tendría que no se realzasen), constituyan un sello de calidad ante la sociedad y un reconocimiento de la valía del profesional colegiado. Podemos imaginar un país sin asociaciones vecinales, peñas, clubs deportivos, sindicatos, asociaciones de empresarios o colegios profesionales. Puede que nos resultase más barato( cada uno nos ahorraríamos las cuotas que ahora pagamos) pero sin duda resultaría menos libre y todos estaríamos más indefensos en una sociedad menos vertebrada.
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