Un empresario que mantuvo relaciones comerciales con el Ayuntamiento de Estepona ha entregado al Grupo 25 de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, encargada de investigar el caso Astapa, una grabación en la que declara que el «impuesto revolucionario era pagado por muchos otros empresarios» en la localidad a algunos implicados en este proceso contra la corrupción, y que la forma de mover el dinero «era a través de donaciones».

Este empresario declaró como testigo el 11 de abril de 2011, aunque la grabación data de finales de 2008, indica la UDEF en un informe remitido recientemente al juez instructor, Jesús Torres. Fue este industrial el que se puso en contacto con el Grupo 25 para indicar que encontró entre sus cosas la grabadora, que fue enviada a la Comisaría General de la Policía Científica, a la Sección de Acústica Forense, para que se copiase su contenido en un CD, explica la policía.

El empresario quiere denunciar así «una serie de irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción» derivadas de su relación con el Consistorio esteponero. Así, dijo, por ejemplo, que existía «corrupción en todo el Ayuntamiento, desde el gorrilla de la puerta hasta arquitectos, abogados, etcétera... que no se hacía nada por propia voluntad».

En este sentido, afirmó que la mordida que se pedía supuestamente a los empresarios por parte determinados funcionarios y expolíticos se llamaba jocosamente entre quienes tenían negocios con el Consistorio «impuesto revolucionario», pago que era afrontado «por muchos industriales». «De forma que eran extorsionados para poder obtener licencias de apertura, de primera ocupación, convenios...», precisó en la grabación.

Para más inri, afirmó, siempre tal y como se recoge en el informe policial, que cuando cobraba las pequeñas obras que le hacía al Ayuntamiento, «automáticamente le llamaban para que pagase pequeños homenajes: clubes, chicas, alcohol, comidas, fiestas...».

La forma de mover el dinero «era a través de las donaciones de los promotores para hacer conciertos, rotondas... generándose facturas falsas». En este sentido, dice en su grabación y repitió en la declaración, «si un grupo iba a cantar, le decían que valía cuatro millones, pero que en la factura pusieran ocho; así, a los que hacían la factura le daban cinco y ellos se quedaban con tres».

Entre otras cosas, relató que el Consistorio le debía diversos pagos en relación con un servicio municipal que prestaba, y que un alto funcionario le indicó que, si se portaba bien con él, «agilizaría los pagos» a su empresa. El subordinado de ese alto empleado público también le extorsionó, afirma: «Éste le indicó que todo el mundo se estaba llevando dinero y que él también quería. Por ello, le dijo que si no le daba dinero los papeles no saldrían de su cajón».

El grado de presunta corrupción descrito es tal que, cuando quedaban a tomar copas, él era el que tenía que pagar. Un abogado cercano al jefe de gabinete de alcaldía, según añadió, le dijo que no se preocupara por el problema, que él no sabía cómo funcionaba el sistema, «pero él podía solucionarle todos los problemas de cobro» y lograr que siguiera con la concesión municipal unos años más. La solución que le dio fue la siguiente: que, de la suma recibida por lo que se le debía, pagara una parte «a ciertas personas».

El abogado y uno de los concejales, explicó, recibieron parte de esas cantidades: así, por ejemplo, de un débito de 250.000 euros tuvo que untar presuntamente a dos implicados en Astapa con 60.000 euros.

Cuando el denunciante acumulaba tres o cuatro facturas sin cobrar, «les daba dinero para poder a su vez cobrar él, de forma que, cuando cobraba los cheques, les entregaba un sobre con dinero, unos doce o trece mil euros, siempre según lo recogido en el informe de la UDEF que hace referencia a su denuncia.