No más de seis funcionarios trabajan en las unidades de Intervención y Tesorería del Ayuntamiento de Estepona. Pero ahora son menos los que tienen acceso a la contabilidad municipal mientras se desarrolla la investigación iniciada por el alcalde, José María García Urbano, para averiguar quién, cómo, por qué y dónde se desviaron 100.000 euros de las arcas públicas. Un dinero cuya falta se detectó hace una semana.

Es una de las medidas para esclarecer este hecho. El objetivo es garantizar «la objetividad y la eficacia» de la auditoría interna emprendida. Además de evitar posibles injerencias.

Un trabajador bajo sospecha. Además del propio tesorero municipal, Félix Domínguez-Pimienta, una trabajadora de la unidad de Tesorería ha sido apartada de su cargo temporalmente. La sospecha sobre esta empleada parte de que, al parecer, fue la encargada de ingresar hace apenas dos meses 1.527 euros en efectivo procedente de la recaudación de unos cursos de cultura. El cobro no llegó a figurar en el libro de contabilidad. Aunque esta cantidad no es más que la punta del iceberg.

Las irregularidades son anteriores. Según pudo saber este diario, se remontan a 2009, en función de las últimas pesquisas y su importe es «muy superior» a los 100.000 euros, teme el alcalde, quien mantiene una denuncia ante la Comisaría local.

La Intervención municipal detectó el problema y lo puso en conocimiento de García Urbano el pasado 13 de abril. El regidor decretó el pasado lunes que se iniciara la investigación de los hechos y que se apartara de su función al tesorero municipal hasta el próximo 30 de abril.

Domínguez Pimienta, por su parte, adelantó a La Opinión su intención de emprender acciones legales contra el alcalde por considerar que ha podido empañar su imagen al retirarle de su puesto de trabajo durante esta auditoría interna.