El tiempo ha acabado y no hay acuerdo. El gobierno municipal del Partido Popular puso ayer sobre la mesa dos alternativas: despedir a 176 trabajadores o reducir los salarios un 22,76% al personal laboral del Ayuntamiento. El objetivo es ahorrar seis millones al año en el pago de nóminas. Los representantes, especialmente los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, se oponen a los ceses. La rebaja de salario la someterán a la decisión de la plantilla, convocada a asamblea el miércoles.
El Expediente de Regulación de Empleo (ERE), mientras tanto, sigue adelante. Ayer se cumplieron 30 días desde que el Consistorio lo presentó. Una fecha que marca el fin de la negociación. «Pero no el fin de las movilizaciones», aclaró ayer la portavoz de CCOO Carolina Ortiz. La sindicalista salió, tras un encuentro de menos de una hora, para explicarles la situación a los empleados afectados, apostados contra las barreras policiales frente al Palacio de Congresos.
Los sindicatos recurrirán ahora al ruido en la calle pero también al silencio de los tribunales para denunciar cada uno de los 176 despidos propuestos por el Ayuntamiento y también el ERE, cuya tramitación califican de irregular y su texto, de discriminatorio. Las medidas no recaen en ningún caso sobre los funcionarios, según argumentan.
Vías intermedias
«El ERE sólo se hace sobre el personal laboral. No puede afectar a funcionarios y, por tanto, las alternativas tienen que recaer sobre el mismo colectivo afectado», argumentó ayer el alcalde, José María García Urbano, quien lamentó que los sindicatos no hayan optado por un «camino intermedio». El regidor se refirió, de esta forma, a la posibilidad de disminuir el número de despedidos a costa de rebajarse el salario el resto de empleados que permanezcan contratados.
El Consistorio rechazó cinco de las ocho propuestas planteadas por los sindicalistas para evitar el ERE. «Algunas por ser manifiestamente ilegales. No se pueden cambiar los contratos indefinidos a fijos discontinuos ni negociar la prejubilación de los mayores de 61 años», explicó el alcalde.
El Ayuntamiento rechazó la amortización de plazas vacantes con asignación presupuestaria, «por no suponer ningún ahorro»; la eliminación de productividades, por formar parte del salario de policías y bomberos, y la reducción a cinco de los cargos de confianza y funcionarios eventuales. Actualmente, son catorce.
CCOO y UGT se quejan de la falta de voluntad a la hora de negociar alternativas al despedido por parte del gobierno local. El PP recuerda su flexibilidad y transparencia durante el proceso. La plantilla llegó a aceptar una rebaja salarial del 4,5%. La propuesta actual supera el 22. La asamblea tendrá la última palabra.
