El pleno de la corporación celebró ayer por la mañana junta general universal de cuatro sociedades municipales para aprobar sus cuentas y poder así solicitar el concurso de acreedores de dichas sociedades municipales para dirimir las responsabilidades legales por parte de los anteriores responsables municipales que formaban parte de sus órganos de dirección. Se trata de las empresas Servicios Municipales Estepona SL; Desarrollos Municipales Estepona SL; Promoción y Comunicación Estepona SL y Turismo y Actividades Recreativas SL.

El edil del área Económica, Manuel Aguilar, explicó ayer que las empresas municipales tenían acumulada una deuda de 74 millones de euros cuando el equipo de gobierno llegó a la alcaldía y que se encontraban «desde hace años» en causa legal de disolución, por lo que el equipo de gobierno adoptó en agosto de 2011 el acuerdo de disolución de las sociedades, ya que la legislación mercantil establece consecuencias «muy graves» para los administradores de las sociedades que no insten a la disolución de las empresas cuando éstas se encuentren en causa de disolución.

«Estas empresas se han usado libremente, sin proceso administrativo, para contratar a personal y contratar servicios sin ningún tipo de control, pese a la situación de déficit en la que se encontraban; y esto tenía que ser erradicado», explicó el edil, que recordó que la deuda que encontró el actual gobierno ascendía a 300 millones de euros.

El responsable del área Económica se refirió a la mala gestión en estas sociedades de los anteriores responsables municipales, que «dilapidaron el dinero municipal, malgastando los impuestos de los ciudadanos y provocando que se llegara a esta situación» y precisó que esta actitud tiene responsabilidad política y «será en sede judicial donde se tenga que dirimir estas responsabilidades legales -que podrían ser civiles o penales- por esta mala gestión municipal».

En este sentido, indicó que de las cuatro empresas municipales, dos de ellas «no tenían un objeto social real; no tenían ingresos porque no tenían ninguna actividad y aglutinaban a casi 700 personas contratadas».

Aguilar señaló que la legislación mercantil por la que se regían estas empresas municipales exigen que las mismas tengan un patrimonio equilibrado y apuntó que éstas siguieron contratando servicios y personal durante años pese a la situación de insolvencia y pese a encontrarse en causa legal de disolución.

Asimismo, manifestó que las sociedades municipales no cumplían con los requisitos de tener inscritas sus cuentas en el Registro Mercantil; trámite que en la sesión de ayer se acordó realizar sobre los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

El concejal añadió que el liquidador de estas sociedades ha cumplido con el objetivo marcado de culminar en un año el proceso de liquidación de las sociedades municipales.