El actor escocés Sean Connery y su esposa, Micheline Connery, han sido imputados por un delito fiscal de 1,6 millones de euros tras la venta de unos terrenos por parte de una empresa vinculada al matrimonio.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga), Ricardo Puyol, argumenta en un auto, al que ha tenido acceso Efe, que de las investigaciones que se están realizando por un caso urbanístico denominado "Goldfinger" (donde también están imputados el actor y su mujer) se ha averiguado una serie de hechos que determinarían otro delito fiscal.
Por ello, el magistrado entiende que "a raíz de la documentación intervenida" resulta pertinente la apertura de una pieza separada para investigar "los hechos que pudieran ser objeto de esos ilícitos penales".
Además, el instructor explica que dicha decisión se basa también en que estos nuevos hechos pudieran no guardar relación directa con la otra promoción "pero es más que obvio que son hechos que merecen la urgente actuación del órgano judicial".
En este sentido, el magistrado destaca que el supuesto fraude a la Agencia Tributaria podrían prescribir el próximo 25 de julio, según la documentación que le consta.
El titular del Juzgado ordena que se libre una comisión rogatoria internacional y que se les tome declaración en calidad de imputado al actor y a su mujer.
El primer procedimiento, conocido por el caso "Goldfinger" (en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpretó el papel del agente británico James Bond) se investiga el complejo Malibú, unos terrenos donde se ubicaba el chalé del actor y en los que hoy se hay 72 inmuebles de lujo.
Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre del anterior inmueble.
La pieza separada por la que ahora han sido citados en calidad de imputados es "Colinas del Limonar" en Málaga capital, donde la venta de aprovechamientos urbanísticos por parte de una empresa vinculada con el actor habría podido generar un delito fiscal de 1.642.576,51 euros.
