El Gobierno planea ponerle freno a la obesidad

Efe. Madrid El Consejo de Ministros informó ayer del anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuyo objetivo será reforzar la seguridad de los ciudadanos en materia alimentaria, haciendo especial hincapié en la lucha contra la obesidad.
La nueva ley, presentada por los Ministerios de Sanidad y Política Social, y de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, quiere unificar en una sola norma toda la legislación de alimentos y nutrición y actualizar la actual normativa básica estatal contenida en la Ley General de Sanidad de 1986.
El Gobierno señaló que, en los más de veinte años transcurridos desde la entrada en vigor de dicha norma, tanto los sistemas de producción, los conceptos de seguridad, de riesgo o de nutrición, como las demandas de los ciudadanos, han evolucionado notablemente. Además, la globalización de los intercambios comerciales y los movimientos migratorios, los cambios en las preferencias de consumo alimentario y en la nutrición de los ciudadanos españoles, han planteado problemas nuevos que exigen soluciones legislativas también nuevas.
Con la nueva ley, que dará cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobierno con los ciudadanos e incluido en la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2008-2012, se abordará de forma integral la seguridad alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor, para anticiparse a riesgos físicos, químicos y biológicos.
En la ley se destaca especialmente el problema de la obesidad, ya que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la tendencia creciente a la obesidad y el sobrepeso como la primera pandemia no infecciosa del siglo XXI y segunda causa de muerte evitable en el mundo occidental.

Tasa de obesidad. Según la Encuesta Nacional de Salud, uno de cada dos adultos padece obesidad o presenta sobrepeso. Respecto a los niños y adolescentes, el 9,13 por ciento tiene obesidad y el 18,48 por ciento, sobrepeso; es decir, uno de cada cuatro niños españoles tiene exceso de peso.
Esta alta tasa de obesidad infantil tiene una enorme trascendencia en términos de salud, esperanza de vida e impacto económico: en 2002 se calculó que los costes asociados a la obesidad sumaban unos 2.500 millones de euros anuales, aproximadamente, el 7% del gasto sanitario total.
En el marco de la Estrategia NAOS, puesta en marcha en febrero de 2005 con el objetivo de promocionar una alimentación saludable, promover la práctica habitual de actividad física e invertir la tendencia ascendente de la obesidad, la nueva ley contempla medidas especiales dirigidas a menores, particularmente en el ámbito escolar.