VÍCTOR A. GÓMEZ. MÁLAGA
De la plaza del pueblo al ´prime time´ de los telediarios y la primera plana de la prensa. El caso de Diego Pastrana, falsamente acusado por médicos, fuerzas de seguridad y medios de la violación y el asesinato de la pequeña Aitana, es una muesca más, seguramente no la última, en la historia nacional de falsos culpables sometidos al ´linchamiento´ público.
"Los errores judiciales son condenas más criminales que el crimen mismo", escribió Montaigne. Y también ciertos enfoques de las cámaras de televisión; que se lo digan a Dolores Vázquez, condenada injustamente por un jurado popular a quince años de prisión por el asesinato de Rocío Wanninkhof. La criminóloga Marisol Donis, autora del libro ´Víctimas de la justicia´, tiene claro por qué Vázquez fue ´linchada´: "Los primeros planos que se emitían de ella en los telediarios, con un rostro tan serio, hacían que la gente pensara que con esa mirada no podía ser buena, sobre todo porque contrastaba con la imagen dulce de la madre de Rocío". En la historia de Pastrana se activó un mecanismo similar, esta vez con el titular publicado en prensa: "La mirada del asesino". Porque ahora los asesinos –y los acusados de asesinato, sean finalmente o no declarados culpables– miran: en las últimas semanas, dos juicios especialmente mediáticos han sido retransmitidos prácticamente en directo por las televisiones, el de la muerte de la joven Nagore Laffage y el crimen del alcalde de Fago, con abundantes primeros planos de los acusados. Precisamente, no por coincidencia, anoche La 1 emitió el telefilme ´Fago´, producto sobre el tortuoso suceso grabado y estrenado antes de que se celebrase el juicio de la historia que abordaba.
Poco a poco, van alzándose las voces en contra. De un lado, la Asociación de Usuarios de la Comunicación ha criticado el tratamiento "sensacionalista" de algunos medios del caso de Marta del Castillo, denunciando que hay espacios y profesionales que están incitando a una movilización popular con "ribetes de linchamiento" –las entradas y salidas de los tribunales de los acusados, rodeados por la multitud de ciudadanos airados, alimentaron las parrillas televisivas–. De otro, la polémica de los imputados del ´caso Pretoria´, grabados por las cámaras al salir esposados de la Audiencia Nacional, lleva a muchos expertos en comunicación e información a pedir que España siga el ejemplo de Francia, cuya legislación prohíbe a cualquier medio difundir las imágenes de un detenido con esposas antes de ser juzgado.
Con sus particularidades, ambos casos son, según el colectivo de letrados, ejemplos palmarios de una realidad preocupante: "Todo ciudadano merece un respeto y tiene una dignidad, se llame como se llame, pero aquí, en España, el valor de la libertad tiene muy poco aprecio", declaró recientemente José Luis Galán, de la Asociación Libre de Abogados. No sólo en España: el doctor Conrad Murray ha vuelto hace una semana a pasar consulta en su clínica tras haber sido sometido a un juicio paralelo por la muerte de Michael Jackson. Libre y, de momento, sin cargos –la investigación policial no ha terminado– pero todo el mundo conoce su cara, le señala con el dedo; seguramente, su negocio médico se habrá resentido notablemente.
Derechos. Derecho a la intimidad y derecho a la información, siempre en, a veces incómodo, tándem, y más si se mete en la ecuación a los juristas, cada vez más preocupados por este debate. Una de las polémicas recientes en este ámbito ha sido la protagonizada por la jueza Elena Carasol, quien prohibió a cuatro medios de comunicación que informaran sobre un crimen que investigaba su tribunal porque podían incurrir en un delito de revelación de secreto de sumario. Una medida sin precedentes en nuestro país, y, dicen, motivada por las cada vez más frecuentes filtraciones, más o menos interesadas, de detalles de procesos judiciales a los periódicos y televisiones.
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