la opinión. Madrid
Un 56 por ciento de los ciudadanos apoya el proyecto del Ministerio de Sanidad para prohibir fumar en todos los locales de ocio y restaurantes, mientras que un 42 por ciento se opone a esta medida, según una encuesta que se realizó el pasado jueves mediante 504 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años en todo el territorio nacional, y tiene un margen de error de un 4,5 por ciento.
Entre los ciudadanos que se muestran a favor de la prohibición de fumar, un 40 por ciento dice estar "muy de acuerdo", y un 16 por ciento "bastante de acuerdo". Por contra, entre los que se oponen a la medida de Sanidad, un 11 por ciento lo hace "moderadamente", mientras que un 31 por ciento dice estar "nada de acuerdo".
Por otra parte la prohibición total de fumar en locales de ocio en España penalizará especialmente a los cerca de 70.000 establecimientos que realizaron reformas por valor de unos 1.500 millones de euros para adaptarse a la normativa que entró en vigor en 2006, según criticó la Federación Española de Hostelería y Restauración.
El vicepresidente de la federación, Gaietà Farràs, aseguró que cada uno de los locales que hicieron obras para establecer espacios propios para fumadores y otros libres de humo gastaron una media de entre 20.000 y 25.000 euros cada uno, unas inversiones que podrían caer en saco roto con el endurecimiento de la ley antitabaco en 2010.
Farràs lamentó que, en una entrevista mantenida con la ministra de Sanidad y Política Social hace cerca de un mes, ésta les dio a entender que no está previsto en el endurecimiento de la ley que se retorne a los locales la inversiones realizadas, bajo la premisa de que la separación de espacios fue voluntaria y los establecimientos, en realidad, podrían haber optado por prohibir el humo totalmente.
La consellera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, por su parte, apuntó esta semana que una buena solución podría ser el establecimiento de alguna especie de "moratoria fiscal" limitada en el tiempo para estos establecimientos.
Endurecimiento. Geli, partidaria del endurecimiento de la ley, aboga desde hace tiempo por prohibir totalmente el consumo de cigarrillos en bares y restaurantes por dos motivos: mejorar la salud laboral de los hosteleros, e impedir mezclar humo y comida.
A falta de conocer el calendario concreto del endurecimiento de la ley antitabaco, el caballo de batalla de los hosteleros parece centrarse, más allá de hipotéticas compensaciones para los locales que realizaron reformas, en la posible supresión de las máquinas expendedoras de cigarrillos. Farràs aseguró que permitir seguir vendiendo cigarrillos en los locales de ocio no compensará las pérdidas económicas que generaría dejar de fumar, porque en realidad a los restauradores no les interesa vender tabaco. Según el vicepresidente de la federación, en los establecimientos de restauración de España existen unos 150.000 puntos de venta de tabaco, pero el margen de beneficio que se obtiene con ellos es tan pequeño, que no se vende como negocio sino como un "servicio al cliente".
Las enfermedades provocadas por el tabaco causan en España la muerte de 50.000 personas cada año, y de ellas unas 1.400 son fumadoras pasivas que le cuestan a la sanidad pública 7.695,29 millones de euros. Ésta es una de las principales razones esgrimidas por las autoridades sanitarias para recabar la unanimidad de los grupos parlamentarios en la reforma de la ley de medidas contra el tabaco que, antes de concluir la Presidencia española de la UE, prohibirá fumar en locales de ocio.