Las agresiones en las aulas empiezan a pagarse

Maite Ducajú. Valencia Insultar a un profesor ya no queda impune. Los anaqueles de los juzgados acumulan expedientes por denuncias contra la autoridad docente, equiparable a la del médico y a determinados funcionarios. La tipificación de la figura ha agilizado la defensa de estos profesionales, hartos de las continuas agresiones en el ejercicio de su actividad en colegios e institutos.
La procacidad de algunos miembros de la comunidad escolar –familias, estudiantes, los mismos educadores– es ilimitada a tenor del contenido de las sentencias de distintos juzgados de España. "A ti qué coño te importa", "Os pasáis el día con el chocho sentado" y "Me voy porque me sale del coño" son insultos reflejados en sendos fallos condenatorios en Las Palmas y Valencia proferidos por una alumna y por una madre, respectivamente, a enseñantes.
Una de las primeras sentencias que reconoce la autoridad docente se produjo en Barcelona, en marzo de 2008, por la agresión e insultos ocurridos dos años antes a dos maestras: la directora y la jefa de estudios, y a un conserje del colegio Eduardo Marquina. La juez condenó, por delito de atentado a funcionario, a penas de un año de prisión al padre y a la madre de un alumno así como a indemnizar con 6.500 euros por amenazas y lesiones. En la sentencia se subraya la necesidad de garantizar el "ejercicio de aquellas funciones desarrolladas por profesionales" que permiten el disfrute de la educación y la salud. "Ya te esperaré en la calle, te pegaré, te mataré" gritaban los padres a las maestras , "menospreciando el principio de autoridad que representaban en el centro", añade la magistrada. Y todo por no haber permitido que el niño se quedara en la guardería al no haber abonado los cinco euros simbólicos de mensualidad.

Fiscalía. Tanto la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya –que desde 2006 persigue como atentado los casos de agresiones a profesionales de la enseñanza y la sanidad pública– como la Generalitat defendieron que estos sucesos merecían castigo mayor del que solían recibir ante la "necesidad de proteger un servicio público y fundamental como es la educación".
E Juzgado de Instrucción Número Uno de Valencia señaló, en septiembre pasado, que unos meses antes la denunciada –una madre– irrumpió en el aula de preescolar de un centro público de la ciudad al grito de "La culpa la tenéis los maestros porque os pasáis el día con el chocho sentado". Los insultos le han costado una multa de diez euros diarios durante un mes y el pago de las costas procesales.
La Comunitat Valenciana es pionera en respaldar la consideración de autoridad pública para los docentes en el ejercicio de su función al reflejarla en la Carta de Derechos y Deberes de la Conselleria de Educación, en abril de 2008. Desde esa fecha, son 37 los docentes que han solicitado el apoyo jurídico de la Generalitat ante las agresiones físicas o verbales, insultos o amenazas que puedan haber sufrido,aunque no en todas las sentencias se están considerando como tal.
Ese mismo año, en diciembre, la Fiscalía General del Estado remitió una circular a las Fiscalías de toda España contemplando la figura por lo que, a efectos penales, una agresión grave contra un profesor puede ser calificada de delito contra la autoridad. Y así se esta haciendo.

Canarias. En Canarias, acaba de ser condenada por maltrato a la autoridad una alumna que propinó un puñetazo a la profesora Esther Rodríguez. La docente estaba ese día de octubre de 2008 de guardia y se cruzó por el pasillo del instituto Teror con dos estudiantes. Al preguntarles qué clase tenían a esa hora, una de ellas le soltó: "¡A ti qué coño te importa!". Tras recriminarle la actitud, recibió como repuesta un golpe en la cara que la tiro al suelo y la llevó a urgencias.
El Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas ha impuesto a la agresora un año de libertad vigilada, la obligatoriedad de someterse a tratamiento psiquiátrico y el pago, por parte de sus padres, de una indemnización de 9.000 euros por daños físicos y morales a la profesora. Por el camino, hasta conseguirlo, Esther Rodríguez se ha encontrado con la incomprensión de compañeros, e inspectores de Educación.

Málaga. Otra madre de un alumno es la condenada a un año de prisión y al pago de 200 euros por agredir a una profesora en Málaga. El suceso ocurrió en el colegio Manuel Altolaguirre de Palma-Palmilla, a comienzos del curso 2007-08. En principio, se juzgó como falta por lesiones pero la acusación particular recurrió para que se aceptara el atentado a un funcionario público. Ésta no era la primera vez que un miembro de la familia agredía. El hijo había lanzado una patada a otra maestra en el patio del colegio, desplazándole una vértebra.