Los senadores estadounidenses John Kerry y Joe Lieberman presentaron ayer un proyecto de ley de reforma energética que incluye las exploraciones petrolíferas en alta mar pero otorga a los estados costeros la capacidad de vetarlas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, respaldó ayer el proyecto y dijo esperar que se apruebe este mismo año. "Los desafíos que afrontamos, subrayados por la inmensa tragedia del golfo de México, son un motivo para redoblar nuestros esfuerzos para reformar las políticas energéticas de nuestro país", agregó Obama.

"Espero trabajar con los senadores de ambos partidos y que el proyecto de ley se apruebe este año", declaró. La iniciativa fue revisada las últimas semanas a raíz del derrame de petróleo en el golfo de México, que amenaza con convertirse en el peor desastre ecológico de la historia de Estados Unidos y ha restado apoyo a las exploraciones mar adentro.

La catástrofe comenzó el 20 de abril tras la explosión de una plataforma de exploración operada por British Petroleum, que se hundió dos días después y ha dejado abierto un pozo que emite unos 800.000 litros diarios de crudo a las aguas del Golfo. La división medioambiental del Grupo Pew pidió el martes que se congelen todas las exploraciones en aguas profundas hasta que se establezcan "firmes y seguros estándares medioambientales", y adujo que lo ocurrido en el golfo de México muestra "errores significativos" en la política estadounidense.

Legislación. La nueva legislación estadounidense, que pretende reducir un 17 por ciento las emisiones de carbono para el año 2020 y un 80 por ciento para 2050 frente a los niveles de 2005, ha suavizado la defensa de las exploraciones petrolíferas. El Partido Demócrata, con mayoría en el Congreso, confiaba en que la defensa de las exploraciones de crudo le ayudase a recabar apoyo entre la oposición republicana, en una estrategia que se ha visto radicalmente alterada por el accidente del Golfo de México.

El proyecto de ley presentado ayer concede a los estados de EEUU la capacidad de rechazar proyectos de exploración que estén a 120 kilómetros de sus costas y también les permite vetar los planes de estados vecinos si demuestran que un accidente tendría "un impacto adverso significativo" en sus territorios.