El número de ejecutorias que colapsan actualmente los diez juzgados de lo Penal de la capital oscila entre las 11.000 que cuantifican las fuentes oficiales y las 15.000 de las que hablan los sindicatos. Este trámite se fundamenta en el mandato constitucional que se les impone a los jueces: juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Asimismo, estas ejecuciones de pena incumplidas no están relacionadas con aquellos penados que ya están consumiendo su castigo, aunque sea en libertad condicional, y cometen un delito fuera de la cárcel, por lo que son catalogados como personas en busca y captura.

Se ha tratado de solucionar el tema, que ni mucho menos es exclusivo de Málaga, especializando un juzgado de lo Penal en ejecutorias, pero esto no ha dado resultado, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona. La futura oficina judicial plantea un servicio común para ejecutorias civiles y penales, pero su puesta en marcha es aún hoy una utopía judicial.

Además, la proliferación de delitos contra la seguridad del tráfico aumenta considerablemente el número de ejecutorias.

En cualquier caso, este colapso sí afecta, según los sindicatos, en la persecución de los delincuentes ya condenados que vuelven a delinquir, ya que los sistemas informáticos judiciales no cruzan datos y, si por ejemplo, alguien ha sido condenado por un juzgado y comete una infracción penal que se turna a otro, en muchas ocasiones no se conoce el resultado de estas dos situaciones simultáneas.

Los sindicatos han llegado a denunciar que hay sólo 40 funcionarios para atender 15.000 ejecutorias en los diez órganos de lo Penal de la capital, pero la Junta ya ha efectuado un plan de choque para paliar esta situación límite, de forma que han entrado funcionarios de refresco en estos juzgados y otros han accedido a prolongar su jornada a cambio de que se les paguen las horas extra. En definitiva, un difícil papel que se está resolviendo poco a poco a través del entendimiento de todas las aristas de la Justicia.