Un total de 2.001 presos viven "hacinados" en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga), que fue construida en 1992 con novecientas plazas y que en la actualidad es el segundo centro penitenciario de España con más reclusos, tras Picassent (Valencia), según han denunciado hoy los sindicatos CCOO y ACAIP.

En 2004, los responsables de la cárcel transmitieron a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el estado del centro, que contaba ya con 1.600 presos, pero la cifra ha sobrepasado los 2.000 reclusos, ha informado en rueda de prensa Juan Carlos Blanco, miembro de CCOO en la prisión de Alhaurín de la Torre.

"La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior saben que son los únicos responsables de cualquier conflicto que pueda producirse en la prisión, y por eso reclamamos que afronten la situación de la institución, en general, y del centro malagueño, en particular", ha subrayado Blanco.

Los sindicatos denuncian la "insostenible" situación que están viviendo provocada también por la falta de trabajadores, ya que la prisión de Málaga es de las que menor número de funcionarios por preso tiene del país, según la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).

Si la ratio funcionario-preso de España se encuentra 1,2 por ciento por debajo de la europea, la de Málaga se sitúa un uno por ciento por debajo de la nacional.

La solución pasa por disminuir el número de reclusos, ya que hay módulos en los que hasta tres reclusos comparten celda, y por ampliar la plantilla de funcionarios, que actualmente es de 450, según los sindicatos.

"Son necesarios al menos 52 funcionarios más para que haya tres por cada módulo de 135 presos, aunque la cifra llegaría a setenta si trasladan a los empleados en prácticas a la nueva prisión de Morón (Sevilla) cuando ésta se ponga en marcha", ha apuntado Francisco Macero, delegado de ACAIP en la prisión de Alhaurín de la Torre.

Aproximadamente 450 presos están ubicados en los distintos módulos de la cárcel en función del espacio y sin tener en cuenta su perfil delictivo y el módulo más adecuado para él, aseguran los responsables sindicales.

Los sindicatos denuncian la existencia de un foco de violencia y agresiones como fruto de la convivencia entre un grupo mayor del que pueden controlar, que pone en riesgo su seguridad y también la de los reclusos.

Las reivindicaciones continuarán tras el parón estival y septiembre puede ser la clave en la negociación entre los sindicatos y la Administración.