El ex edil del Partido Andalucista Carlos Fernández Gámez, uno de los tres prófugos del ´caso Malaya´ junto al empresario José Manuel Llorca Rodríguez y al marchante de arte Alberto Pedronzo, continúa en paradero desconocido dos años después de que el juez Miguel Ángel Torres dictara contra él una orden internacional de búsqueda y captura tras no comparecer en el juzgado a declarar.

La imputación de Fernández se produjo durante la segunda fase del ´caso Malaya´, el 27 de junio de 2006, cuando la policía registró la casa que compartía con sus padres en la urbanización Cabopino de Marbella. Aquel día, Fernández habló a través del móvil de su padre con el responsable policial de la investigación, a quien aseguró que estaba en tierras gallegas, haciendo el camino de Santiago con su hermano, y que regresaba de inmediato a Marbella para comparecer ante el juez.

Pero nunca cumplió su promesa. El juez Torres le concedió unos días para que se presentara de manera voluntaria en el juzgado, tiempo que el ex concejal aprovechó para poner pies en polvorosa. Así, el 4 de julio de 2006 el instructor del ´caso Malaya´ dictó orden internacional de busca y captura contra Fernández por los presuntos delito de prevaricación y cohecho; cargos a los que sumó posteriormente los de malversación, fraude y contra la ordenación del territorio en el auto de procesamiento del citado sumario, dictado en julio de 2007.

Paradero. Entre la tanda de detenidos de aquella segunda fase de ´Malaya´ estaba la ex concejal andalucista María José Lanzat, a la que tres semanas más tarde siguió el también ex edil del PA Pedro Pérez. Ambos ingresaron en prisión, lo que habría convencido a Fernández para no entregarse a pesar de que su abogado, José Luis Ortega, aseguraba aún que "el interés de Carlos Fernández es colaborar con la Justicia, sin negarla ni obstruirla". Las explicaciones desde el círculo más cercano al ex edil eran otras: "Carlos cree que el ´caso Malaya´ va a quedar en nada y prefiere esperar como prófugo que en una celda", aseguraban.

Durante estos dos últimos años los rumores sobre su posible paradero o los falsos avistamientos se han sucedido hasta la saciedad. Un programa de televisión llegó incluso a retransmitir en directo su supuesta detención en marzo de 2007; arresto que nunca se produjo. Le han situado en un complejo hotelero del Caribe; en Chile, donde sí se ocultaba protegido por una mafia policial otro de los prófugos ´malayos´, José Manuel Llorca Rodríguez; en Portugal, junto a su multimillonario proyecto de suegro. También en Francia y Argelia.

También se dijo que estaba oculto en Gibraltar; en Jerez de la Frontera, bajo el hospicio de los Misioneros Redentoristas de la parroquia del Perpetuo Socorro (la policía verificó que era falso); en Sotogrande, donde la Guardia Civil le buscó sin éxito durante una semana en diciembre de 2006; o en su casa, donde se decía que permanecía disfrazado y con peluca.

Los investigadores de la Udyco, sin embargo, sólo pudieron verificar una llamada realizada por Fernández desde Marruecos a través de un teléfono móvil de tarjeta prepago, así como su presunta presencia en la provincia argentina de Mendoza, donde habría permanecido oculto durante varios meses al amparo de su mecenas político; un multimillonario británico que aparece relacionado en el sumario de ´Malaya´ pero que no se encuentra entre los imputados.

El citado magnate afronta ahora cargos de falsedad en documento público por irregularidades en la obtención de su residencia argentina, por lo que la policía cree que Fernández habría buscado ya otro refugio.

Causas penales. El juez Miguel Ángel Torres imputa a Carlos Fernández haber recibido 150.000 euros de Juan Antonio Roca entre los años 2004 y 2005, presuntamente procedentes de pagos efectuados por promotores, por lo que le impuso una fianza de 750.000 euros. Para el magistrado, el ex concejal andalucista era el tercero en la cadena de pagos de Juan Antonio Roca. También ha sido objeto de investigación su papel en la moción de censura que en agosto de 2003 descabalgó a Julián Muñoz de la alcaldía y por la que entró a formar parte del equipo de gobierno marbellí junto a los ex gilistas de Marisol Yagüe y los ex socialistas de Isabel García Marcos.

El ex edil andalucista fue condenado, además, en diciembre de 2005 por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Málaga a dos años de cárcel y tres de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos al apropiarse de 82.639, 16 euros que eran parte de las subvenciones concedidas por el consistorio marbellí para el pago de los salarios de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998, cuando Fernández además de concejal de Deportes era el presidente del citado club de fútbol.

Entre la decena de procesos penales en los que está imputado destaca el ´caso Saqueo II´, que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en virtud de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales elaborado por el Tribunal de Cuentas. En dicho sumario se le acusa de delitos continuados de prevaricación, malversación, contra la Seguridad Social y contra la hacienda pública. Sobre él pesan además tres órdenes de búsqueda y captura dictadas por distintos juzgados de Marbella.