La puesta en servicio del sistema de medición de la velocidad y tramitación de multas por radar se hará tras el anuncio previo del Ayuntamiento de Málaga, como aclaró ayer el alcalde, Francisco de la Torre, quien afirmó que el objetivo de estos aparatos no es el de poner multas.
De la Torre adelantó que en la actualidad se está preparando la instalación de cinco de estos radares, que serán los primeros que estarán en servicio en la ciudad. No obstante, advirtió de que no empezarán a estar operativos hasta que no se haya informado de su puesta en marcha, para que no cojan a nadie desprevenido.
El regidor malagueño reconoció que los conductores malagueños suelen cumplir con los límites de velocidad, aunque a determinadas horas se registran excesos en algunas calles.
El objetivo del Ayuntamiento es aplicar este control por radar en las principales vías de la ciudad, como las entradas desde la ronda de circunvalación, los paseos marítimos y la avenida de Andalucía, entre otros puntos. En total son quince los lugares elegidos para poner un radar, aunque se instalarán por fases. La primera, que ya está en marcha, traerá a la ciudad cinco de estos velocímetros.
Transporte público. De la Torre habló sobre los radares en la inauguración de unas jornadas sobre financiación del transporte público que se celebró ayer en el Palacio de Ferias de Málaga, organizada por la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC).
A este encuentro asistió un centenar de representantes de empresas de transporte público del país, que reclamaron una mejor financiación de su actividad.
El vicepresidente de ATUC, Miguel Ruiz, definió el transporte público como "uno de los pilares básicos del estado del bienestar, conjuntamente con la salud, la educación y las pensiones", por lo que solicitó al Gobierno Central el desarrollo de un marco legal que garantice el cumplimiento eficiente de este servicio.
A esta tesis se unió el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien reclamó al Gobierno y a la administración autonómica que se impliquen en la gestión del sector, cuya financiación es responsabilidad municipal. "A excepción de Madrid y Barcelona, los ayuntamientos sostenemos casi en exclusividad el transporte urbano", insistió De la Torre, al tiempo que añadió que los ayuntamientos españoles tienen menos capacidad presupuestaria que en otros países.
Para De la Torre, un mayor esfuerzo del resto de administraciones contribuiría a hacer más eficaz y cumplir mejor los objetivos de las entidades, así como soportar el incremento del coste del carburante, que ahora repercute en las arcas municipales.
