Antonio Dorado Soto, Obispo de la diócesis de Málaga: «El Gobierno no reconoce los derechos de la Iglesia»

-Hace dos años que presentó su renuncia al obispado, al cumplir los 75 años reglamentarios. ¿Sabe algo sobre su posible sustitución?

-Es una pregunta que me han hecho mucho y es lógico porque hace dos años que presenté la renuncia al Santo Padre, como recomiendan los cánones al cumplir los 75 años y estoy pendiente de que nombre un sucesor. Dos años es tiempo suficiente y espero que pronto se designe, aunque no puedo decir nada porque no lo sé.

-¿Esa espera afecta al trabajo pastoral en la diócesis? ¿Qué proyectos se están llevando a cabo?

-Los proyectos de la diócesis son elaborados entre el obispo, como presidente diocesano y responsable, y la colaboración de distintos miembros de la diócesis, agrupados en órganos de consulta y reflexión. Entre todos hemos determinado unas líneas de actuación pastoral para la Iglesia en función de sus necesidades. El proyecto actual lleva por título ´Fortalecer y transmitir la fe´. Fue planteado para tres años y ya lleva dos años. Eso continúa una marcha normal y hasta que venga el nuevo obispo, se sigue trabajando igual.

-¿Cuál es el principal reto de la diócesis en la actualidad?

-Las necesidades de la diócesis, al igual que ocurre en España y en el resto de Europa, se basan en responder a una situación religiosa en la que están creciendo las actitudes alejadas de la fe y la Iglesia. El gran reto es anunciar a Jesús. Esto responde a lo que hemos llamado proceso de iniciación cristiana, donde no se da por supuesta la fe y tratamos de presentar a Jesús de forma creíble a personas que no son creyentes. Partimos de la base de que hay muchos bautizados, lo que en la actualidad es una decisión libre y no impuesta. Pero los cristianos viven en una época en que la fe cristiana no está socialmente apoyada y las actitudes dominantes favorecen el alejamiento de la Iglesia y la fe, que se presenta como algo alejado y del pasado.

-¿Está la sociedad más alejada de la Iglesia? ¿Cómo está afectando el proceso de secularización de la sociedad?

-Afecta en un doble sentido. Ayuda a purificar y fortalecer la fe en los creyentes. Ante un ambiente hostil, hace falta tener conocimientos muy firmes que justifiquen ser creyente. Eso ayuda a que la fe sea más profunda, más motivada y formada. Por otro lado, las personas con poca formación o de fe débil, al encontrarse con un ambiente social en contra, viven escepticismo o alejamiento. Ahora las familias no son educadoras, en las escuelas se propugna una concepción moral contraria a la fe y no son reconocidos derechos fundamentales para que los padres elijan la educación para sus hijos.

-¿Cuál es la respuesta de la Iglesia ante este ambiente social y alejamiento de parte de la población?

-Necesitamos contar con sacerdotes y seglares cristianos apasionados por Jesús y el Evangelio, que den testimonio gozoso del valor salvador de nuestra fe. También debemos presentarla con rigor y respeto a las personas que no han llegado al anuncio de Jesús.

-La legislatura pasada estuvo marcada por el debate con el Gobierno sobre el modelo educativo. Al final la Religión no tiene valor curricular y sí Educación para la ciudadanía. ¿Ha perdido la Iglesia esta batalla?

-En el ámbito escolar siempre hemos pedido el respeto a la libertad de los padres para que sus hijos se formen en conformidad con sus creencias. Ese derecho no ha sido respetado desde la época de la Transición. Ni se están respetando los acuerdos firmados entre el Estado español y la Iglesia en 1978, porque a la asignatura de Religión no se le concede valor curricular, no se valora académicamente y no se ha propuesto otra alternativa para los que no quieran educación religiosa. La Iglesia siempre ha defendido que la Religión no sea una asignatura obligatoria y se enseñe sólo a quien lo solicita. Esto debe ser igual para el resto de religiones. Siempre hemos defendido esa libertad de enseñanza, pero con un rango igual a otras asignaturas.

-¿Está en retroceso la enseñanza de la Religión en los colegios?

-A pesar de las dificultades, el porcentaje de familias que solicitan la educación religiosa es muy alto. En 2007, el 80% de los alumnos de Primaria y el 60% de Secundaria lo solicitaron.

-¿Qué piensa de la Educación para la ciudadanía?

-Contrasta mucho el trato a la Religión respecto a una asignatura que el Estado impone como obligatoria a los alumnos y llamada ´Educación para la ciudadanía´. Los católicos nos oponemos a que sea obligatoria porque afecta a la formación de la conciencia moral de los ciudadanos en función de los criterios del partido de turno que gobierne en cada momento. Esto es competencia exclusiva de los padres y no del Estado, que tiene que actuar al servicio de los primeros.

-Ahora parece que el debate social, promovido desde el PSOE, se va a centrar en la reforma de la ley del aborto y en la eutanasia. ¿Un nuevo motivo de enfrentamiento contra el Gobierno?

-La Iglesia siempre ha defendido la vida en todos los niveles y estadios. Es un don de Dios y no puede ser manipulado por un poder humano. La Iglesia siempre ha repetido que el aborto es un crimen, con la gravedad de que atenta contra vidas indefensas como los niños. Lo mismo ocurre con la eutanasia, porque nadie tiene derecho a quitar la vida a una persona adulta. Todos somos sensibles a las muertes por imprudencias en la carretera, los accidentes laborales y, especialmente, en la falta de respeto a la vida de la mujer o la pena de muerte. Sin embargo, se nos quiere dar como legal la muerte de no nacidos en completa indefensión o de personas mayores sin contar con su consentimiento. La Iglesia lo único que hace es defender el derecho a la vida e intentar que la sociedad tome conciencia de que se están atropellando los derechos humanos.

-La eutanasia es, además, un debate relativamente nuevo en la sociedad. Se han presentado casos de personas con enfermedades o minusvalías muy importantes que eran ellos los que pedían morir. ¿Qué posición mantiene la Iglesia ante esta situación?

-No es fácil determinar si ese pretendido derecho, que se quiere reconocer legalmente, lo pide la persona o se lo impone la presión social. En la hipótesis de que la persona lo pida, está reclamando algo que es inmoral y, por consiguiente, no debemos colaborar en esas pretensiones que van en contra de un derecho irrenunciable. La Iglesia, lo que reconoce, es que no se usen medidas extraordinarias para mantener la vida de una forma artificial, con métodos que no son naturales.

-¿Considera que existe un enfrentamiento con el Gobierno?

-El Concilio Vaticano II formuló con precisión cual era la relación entre las instituciones políticas y las religiosas, que se resume en la frase ´una sana colaboración y una verdadera independencia´. Esto se basa en que, si todos estamos al servicio de los ciudadanos, lo deseable es que haya una colaboración entre el Estado y la Iglesia, porque así lo exige el bien común. Pero siempre con un respeto a la independencia de cada institución. La Iglesia no tiene poder político ni debe tenerlo, ni el Estado es un poder absoluto. Conjugar esto puede provocar situaciones de tensión por no coincidir en el respeto de los derechos mutuos. Ahora hay tensión y conflicto porque no se reconocen los derechos de la Iglesia. Estamos en un Estado que se declara no confesional, no laicista, que es distinto. Hay que recordar que la religión no es un derecho del Estado, sino del ciudadano.

-Una de las críticas más recurrentes contra la Iglesia en los últimos años ha sido la actitud de algunos presentadores de la Cope. De hecho, se apunta que la Iglesia influye políticamente a través de la radio y con actitudes muy agresivas.

-Está mal que la Cope, que es un medio de comunicación social que pertenece a los obispos, tenga algunas personas que no son católicas y que usan su habilidad para traer oyentes con formas que no son propias de la Iglesia, como la difamación, las injurias o la grosería. Soy partidario de que la jerarquía de la Iglesia tenga sus propios medios de comunicación, que son imprescindibles para hacer llegar el mensaje de Jesús, pero cumpliendo con el respeto a todas las personas y tendencias. Debe ser un modelo de caridad con todos los grupos y personas. Por otro lado, están los medios que pertenecen a seglares católicos y que tienen un mayor margen de libertad, pero que deben ser una voz católica al nivel de una sociedad democrática.

-¿Depende la Iglesia de la aportación económica del Estado?

-La financiación de la Iglesia cuenta con la aportación de los católicos, que aportan su generosidad para colaborar en la prestación de servicios. También hay personas no católicas que reconocen la labor sociocaritativa de la Iglesia y colaboran con ella. Quedaría una tercera vía que es el Estado, que debe estar al servicio de los ciudadanos. No es criticable que el Estado colabore en la acción educativa de la Iglesia en los colegios, hospitales, residencias de ancianos, etcétera, que producen un bien en la sociedad. Si el Estado financia a los sindicatos, partidos y otras entidades que prestan un servicio a la sociedad, con dinero de los ciudadanos que pueden estar o no de acuerdo con ellos, no tendría sentido que discriminase a la Iglesia que también presta un servicio. No es un privilegio que el Estado apoye servicios que ofrece la Iglesia al ciudadano. En el actual sistema de financiación el Gobierno no da dinero a la Iglesia, sino que el destinado por el Estado a grupos sociales, entre ellos nosotros, provienen de lo que los ciudadanos, libremente, deciden cuando realizan la declaración del IRPF. En ese momento pueden decidir que vaya una parte a la Iglesia, a una ONG o a ambos. No es un privilegio, la Iglesia sólo recibe lo que los ciudadanos quieren para cubrir sus fines.

-¿Cómo se financia actualmente la diócesis de Málaga?

-La mayor parte de las aportaciones no proviene de instituciones civiles. En Málaga, el 80% de los ingresos de la Iglesia provienen de personas que los aportan de forma gratuita y voluntaria. Además, podemos estar contentos de que la Iglesia de Málaga aporta un tercio de sus ingresos a ayudar al Tercer Mundo.