El Gobierno ha abierto la puerta a una ley de plazos sobre el aborto. De nuevo se abre el debate acerca de la legitimidad de la mujer a decidir sobre su embarazo, si éste supone un riesgo para su integridad física o psíquica, y el derecho a la vida. La posible reforma del marco legal, con más de 23 años de vigencia, ha despertado las críticas de los sectores conservadores, mientras que los grupos feministas y sectores del ámbito sanitario apelan al derecho de la mujer y solicitan un cambio real que equipare la legislación española a la de otros países europeos, para evitar así episodios tan lamentables como los ocurridos en las clínicas de aborto desarticuladas en Barcelona. De momento, sólo existe la intención del Ejecutivo de modificar la norma, pero no se ha concretado ninguna propuesta.

Por su parte, los organismos sanitarios apuestan por reforzar los programas de educación sexual, ante la estadísticas que reflejan un crecimiento progresivo de las interrupciones de embarazo. En este contexto, Málaga es la provincia andaluza con más abortos al año. Según las últimas estadísticas publicadas al Ministerio de Sanidad correspondientes al año 2006, en la provincia se practicaron un total de 4.476 interrupciones voluntarias de embarazo.

La tasa media es superior al promedio de la comunidad andaluza. Casi 13 mujeres de cada 1.000 en edad fértil han abortado, mientras que en la región el índice es de 10,8 y en España, 10.62.

La situación en la provincia puede explicarse por determinados factores, como los flujos migratorios. Juan Borrajo, responsable de Salud Pública en Málaga comenta que como hipótesis el incremento de los abortos puede relacionarse con la población inmigrante que se asemeja a un perfil de vulnerabilidad, por la falta de información sobre métodos anticonceptivos o razones religiosos.

La tasa de abortos aumenta en Málaga cada año, aunque desde 2002 a un ritmo inferior al del resto de Andalucía. Así lo explica Borrajo, que reseña que en cuatro años el incremento ha sido de 2,3 puntos porcentuales. En la región se contabilizaron un total de 18.581 abortos en el año 2006, y la tasa se sitúa en 10,8 por cada mil mujeres.

La administración sanitaria deriva a las mujeres a clínicas privadas concertadas para estos procesos. En Málaga hay dos, Centro Médico 2002 y Clínica el Sur. La mayoría de las pacientes, el 72,3 por ciento, se informaron sobre la intervención en los servicios sanitarios públicos.

Joven de 20 años, soltera y sin trabajo, el perfil habitual

Joven de entre 20 y 24 años, con un nivel medio de estudios, soltera y sin un trabajo. Es el perfil de la mujer que se somete a un aborto en Málaga. El responsable de Salud Pública, Juan Borrajo, asegura que se trata del grupo más frecuente, según las estadísticas, al suponer casi una cuarta parte del conjunto.

Le siguen de cerca las mujeres de entre 25 y 29 años con estudios de segundo ciclo. Las adolescentes de hasta 19 años suponen el cuarto grupo más habitual, por detrás de las pacientes de más de 30 años.

Aunque las estadísticas oficiales aún no recogen la inmigración como variable para explicar la tasa de aborto, lo cierto es que las administraciones sanitarias sospechan de que el índice es alto en esta población. Factores como la falta de educación sexual o tabúes por razones religiosas, que prohíben el uso de método anticonceptivos como la píldora o el preservativo, explican que la incidencia de la interrupción voluntaria del embarazo sea mayor entre inmigrantes.

El 20 por ciento de las mujeres que se han sometido a un aborto lo ha hecho en más de una ocasión. Por otro lado, el 90 por ciento de las interrupciones se realiza antes de las doce semanas de gestación.

La causa principal del aborto en Málaga es el riesgo físico o psicológico de la madre. Por detrás pero a gran distancia se sitúa la malformación o peligro del feto y por último, la agresión sexual.

Según ACAI, la asociación nacional de clínicas autorizadas para este proceso, las jóvenes tienen una tasa de aborto más alta que el conjunto de mujeres, porque presentan un mayor nivel de vulnerabilidad. Si el índice de interrupciones en pacientes de 15 a 44 años es de 10,8 por cada mil, en adolescentes de a partir de 19 años y hasta los 24 años se sitúa en 16,8 por cada mil. Por otra parte, en el caso de inmigrantes el índice alcanza los 30 casos por cada mil, según los datos que maneja esta asociación.

Tanto la administración sanitaria como las clínicas insisten en potenciar las políticas de educación sexual y reproductiva específicas para los dos grupos más vulnerables, jóvenes e inmigrantes. Aspectos como el inicio de las relaciones íntimas a una edad más temprana condicionan los cambios en las pautas sexuales. Andalucía figura entre las cinco comunidades con más abortos junto con Madrid, Baleares, Murcia, Cataluña y Aragón.

La delegación de Salud impulsa campañas de información sexual con la difusión de métodos anticonceptivos. Se han repartido desde 2005 unas 750.000 unidades de preservativos en los centros de ocio la provincia, gracias a la ayudas de ONG. También los profesionales sanitarios impulsan con la colaboración de centros escolares talleres de educación sexual, en los que han participado más de 20.700 alumno. "La educación en sexualidad es una prioridad en salud pública", señala Borrajo, quien eludió pronunciarse sobre la posible reforma legal . "Lo que nos interesa a las administraciones sanitarias es garantizar la accesibilidad de los recursos y la información sobre este tema a la mujer".

Financiación pública. Las clínicas calculan que sólo el 2,5 por ciento de los abortos se realiza en centros públicos. Esto significa que las interrupciones se practican en clínicas concertadas y financiadas en Andalucía por la sanidad pública. Pero esto no ocurre en todas las regiones.

La preponderancia de los centros privado en el ejercicio de esta prestación sanitaria se debe a tres causas, según ACAI. Se trata de "la inseguridad jurídica" de la legislación, la objeción de conciencia y la falta de información relativa a esta práctica sanitaria.

"La norma es insegura por sus propias indicaciones", indican fuentes de ACAI. Para esta asociación, un embarazo no deseado puede llegar a generar una grave tensión psíquica en la mujer, que podría dar lugar a una patología psiquiátrica de persistir la situación.

Pero esta interpretación de la ley parece no haber sido secundada por los profesionales del ámbito pública, según consideran las clínicas, que añaden que la administración ha hecho un análisis restrictivo de la legislación.