La operación ‘Jade-Limusina´, iniciada a partir de los datos obtenidos por los servicios secretos alemanes ha servido para asestar un buen golpe a los evasores de impuestos, aunque la realidad reduzca los resultados a una llamada de atención: alrededor del 86% de las fortunas españolas con un patrimonio superior a los 10 millones de euros elude sus obligaciones fiscales, según denunciaron hace unos meses los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, lamentó entonces que mientras países como Alemania, cuya economía sumergida representa el 6% del PIB, ha demostrado una lucha enérgica contra el fraude, España se mantiene alejada de la media europea, con unas bolsas de fraude que rondan ya el 23% del PIB y acapara la cuarta parte de los billetes de 500 euros de la zona euro.

Estos datos, al menos, han obligado a la Administración Tributaria a plantearse un endurecimiento de los controles fiscales y está previsto que en otoño se presente un nuevo programa de actuación.

Intermediarios. Los evasores investigados en esta macrooperación policial, recurrían a agencias de inversión y de gestión de fortunas para depositar su dinero en cuentas abiertas en Liechtenstein, concretamente en el banco LGT (Lichtenstein Global Trust).

La Gestha también ha criticado en alguna ocasión que las inversiones españolas en este paraíso fiscal no se controlan desde 2005. En los últimos 15 años han alcanzado un total de 22,11 millones de euros, mientras que el montante que se presume en la investigación contra el fraude fiscal superaría los 200 millones.

Fundaciones.

Las pesquisas han permitido corroborar la inversión de al menos sesenta personas residentes en España y la participación de bancos privados, asesorías fiscales y agencias de inversión que supuestamente facilitarían al inversor los pasos necesarios para ocultar a la Hacienda Pública sus ingresos y evitar así las consecuencias impositivas y fiscales, indicó la Guardia Civil en un comunicado.

Otras empresas y particulares investigados en esta operación policial se servían de fundaciones que eran gestionadas por entramados societarios domiciliados en otros paraísos fiscales, con el objetivo de esconder, aún más, el rastro de los movimientos financieros.

Billones.

Porque precisamente la atracción de los paraísos fiscales reside en que informan poco o nada sobre el dinero que transitan por ellos.

Tienen que recurrir a evaluaciones del Banco de Pagos Internacionales, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD) y de auditores e investigadores.

Estos estudios permiten tener una idea de la cuantía de los importes financieros que se mueven y que los expertos cifran en billones de euros.

Las claves

1. Intercambio de informaciones

Desde 2005, una directiva de la UE obliga a los países miembros a intercambiar información fiscal aunque redactó una cláusula que permitía a los países que así lo desearan no someterse a ella, en cuyo caso, los fondos depositados por no residentes deberán ser gravados con el 25% (35% a partir de 2011). La mayoría de los paraísos europeos (Luxemburgo, Bélgica, Austria...) prefirieron gravar las rentas del ahorro antes que suprimir su secreto bancario. Liechtenstein, por su parte, eximió de la norma a todas sus fundaciones, estructuras opacas que son precisamente a las que recurren los defraudadores.

2. Colaboración con la investigación policial

La colaboración en los paraísos fiscales no es siempre tan diligente como los investigadores desearían. Algunos levantan el secreto bancario si hay investigaciones penales, aunque en la práctica esa tarea sigue siendo delicada, al igual que la ejecución de comisiones rogatorias internacionales. Lo habitual es que colaboren proporcionando los documentos solicitados, pero el hecho de tener un secreto reforzado les permite mantener oculto el nombre o la dirección de la persona investigada y en ocasiones dan datos falsos.