Dicen que no tienen nada en contra de la cultura islámica y que lo suyo no son las cruzadas. Simplemente quiere que les paguen. La visita del rey Fahd era la excusa perfecta para hacer ruido y allí estaban, una veintena de empresarios y sus familiares, para reclamar el dinero que no han cobrado desde que se inauguró la mezquita de Málaga. Todos ellos participaron en su construcción, financiada por la realeza saudí, y ninguno ha visto un cheque.

Según explicó Francisco Llácer, uno de los empresarios afectados, la deuda global asciende a casi un millón de euros. A él le corresponde 180.000 por la instalación del aire acondicionado, que, en su opinión, le salió gratis a los promotores del proyecto. "Encima dicen que les debemos 400.000 euros porque había deficiencias. Ni siquiera nos dejaron supervisar el sistema", precisa.

En las puertas de la embajada de Arabia Saudí, flanqueado por compañeros y pancartas, Llácer explica que la obra fue encargada a una firma llamada DGC, que, una vez concluido el proyecto, se declaró en quiebra y desapareció como Aladino en su alfombra mágica. Algunos dicen que su sede social está en el Líbano, otros que ni siquiera está registrada. "Al principio hablábamos con uno de sus abogados, pero ahora nos dicen que ya no trabajan para ellos y no sabemos a quién dirigirnos", señala.

Algunos de los afectados han interpuesto denuncias, otros esperan que las protestas conmuevan a los monarcas. Francisco Garrido ya tiene experiencia en los juzgados. La empresa le tuvo que abonar parte de lo que le debía, pero el recurso llegó a tiempo y aún no ha podido sacar ni un euro de lo pactado en los tribunales. Llácer recuerda que no se trata de multinacionales ni portentosas empresas, sino de pequeños negocios gobernados por trabajadores autónomos.

El caso de Joaquín Reina es particularmente dramático. Le deben, cuenta, más de 11.000 euros y la situación le ha costado el embargo de buena parte de su salario. "Contraté a varios trabajadores y les dí de alta en la Seguridad Social, lo que pasa es que la empresa debía cumplir su parte y no hizo ninguna gestión para legalizarlos", reseñó.

Tras varios años de protestas, primero en el umbral de la mezquita, luego frente al consulado de Arabia Saudí, los empresarios se sienten desamparados. La diplomacia saudí les dice que no puede atenderles porque el representante de Málaga apenas habla castellano y los grupos islámicos aseveran que no tienen nada que ver con la constructora. Un asunto peliagudo que comienza a desesperar a más de uno. "Ya no tenemos ningún contacto en la empresa, lo único que podemos hacer es recurrir al consultado", señala.

A su movilización no le faltaban detalles. Las pancartas estaban traducidas al árabe. La intención era el ruido mediático. La esperanza, que el rey de Arabia Saudí conectara con la televisión durante su estancia en Madrid. Él o alguien de su séquito. "Lo importante -declaran los empresarios- es que conozcan lo que ha pasado con su obra".

Algunos de los afectados no aciertan a explicarse lo sucedido. El proyecto, destacan, parecía seguro. Llácer asevera que las obras contaron con la supervisión de la familia saudita, que envío a un miembro de la dinastía para comprobar el estado de los trabajos. Pocos podían aguardar el desenlace, que, como resaltan, afecta a una veintena de familias de la provincia. Pintores, carpinteros, electricistas, todos estaban ayer frente al consulado. Y volverán mañana.