Unos vecinos de Málaga, la mayoría procedentes del municipio desaparecido de Peñarrubia, están perseguidos por la mala suerte administrativa desde hace 35 años, cuando empezó un rosario de expropiaciones necesarias para una decena de proyectos como la construcción de un pantano, un oleoducto, una carretera, el AVE y ahora un puerto seco, convirtiéndolos casi en nómadas.

Han sido tres décadas y media de largo suplicio. Primero unas 400 familias fueron "borradas del mapa" y no tuvieron más remedio que emigrar de los pueblos malagueños de Peñarrubia y Gobantes porque se construía el embalse del Guadalteba, varios recuerdan que quedaron en el cementerio algunos cadáveres y que sólo se mantuvo en pie la iglesia tras demoler casas y cortar árboles.

El desarraigo es algo que conocen bien estos pacientes ciudadanos, entre ellos Antonio Vázquez, que tenía 10 años entonces y relata que su padre cayó en una depresión por esta mudanza forzosa con la que la cuna de sus raíces se sumergía bajo el agua. Marcharon obligatoriamente a 70 kilómetros hasta instalarse en Santa Rosalía, un núcleo del noroeste de Málaga capital donde se creó un pueblo de colonos con casas y tierras de sustitución.

Allí, donde empezaron a cultivar hortalizas, un grupo de vecinos reunidos repasa sus vicisitudes, ya que el "acoso" administrativo no ha cesado y sigue sin tregua. En el nuevo asentamiento se han sucedido la construcción del oleoducto a Sevilla, de la carretera Málaga-Cártama, un gasoducto y el tren de alta velocidad, la conversión de la carretera en autovía y la ampliación de caminos para el AVE. Además, hicieron el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y proyectaron una central eléctrica.

Y por si fuera poco, ahora pretenden "ahogar" sus ilusiones y expropiarles para levantar en tres millones de metros cuadrados una plataforma logística o depósito de contenedores de mercancías conocido como ´Puerto seco´. De esto último se enteraron de chiripa, ya que un profesor de instituto que hace estudios de impacto ambiental, Manuel Méndez, descubrió el proyecto (que afecta a viviendas y tierras de cultivo) tres días antes de acabar el plazo de alegaciones, tras lo que el pueblo se ha movilizado y creado otra plataforma, pero de lucha contra el referido puerto.

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) lo prevé, pero ninguna administración les había informado antes, y al enterarse han recogido 4.400 firmas en contra del proyecto presentadas ante la Junta de Andalucía, que les aduce que será un bien de interés general y que generará valor añadido y riqueza económica.

Los afectados ven injusto que de nuevo se recurra a que es un bien general para despojarles otra vez de sus tierras con la misma justificación y consideran "de justicia social y deuda histórica impedir que se lleve de nuevo la expropiación a unas familias que tras años han echado raíces en una tierra que les ha adoptado", al entender que ya han contribuido con su sacrificio al interés común. Para más inri, por encima de su pueblo hay ya un pasillo aéreo próximo al aeropuerto de Málaga y el ruido es habitual.