El nuevo alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE) -elegido el jueves tras ser encarcelado su antecesor, el socialista Antonio Barrientos, por el ´caso Astapa´ contra la corrupción urbanística en el Ayuntamiento- considera "lógico" que el consistorio de la localidad se persone en el proceso. Valadez ha asegurado que emprender esa medida es algo lógico "mucho más teniendo como referencia la postura adoptada por la Junta de Andalucía", cuyo Consejo de Gobierno autorizó el pasado 8 de julio al Gabinete Jurídico a interponer acciones judiciales para personarse como acusación popular en este proceso penal.
No obstante, ha recordado que hay un pacto municipal de gobierno cuatripartito que agrupa al Partido Andalucista, Izquierda Unida y a ´Estepona 2007´ con el PSOE y que es "lógico que antes que el alcalde adopte unilateralmente una decisión, mantenga una reunión con los integrantes del gobierno y todos los socios".
En este sentido, Valadez precisa que su intención es continuar con "la tónica habitual y predominante en todas las actuaciones que emprende el Ayuntamiento: el diálogo y el consenso", lo que a su juicio, "no sólo debe caracterizar la relación entre socios del gobierno", sino también entre los grupos políticos con presencia en la corporación, incluida la oposición.
Junta de Andalucía. La Junta acordó personarse como acusación popular en el caso al entender que las prácticas municipales presuntamente ilícitas que se investigan suponen una "afectación" de intereses generales de la comunidad autónoma. También cree que afectan a competencias de la administración en ámbitos relativos al régimen de acuerdos locales, materias ligadas con aspectos tributarios, patrimoniales y otros de índole económica así como las vinculadas a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. El Gobierno andaluz explicó que pretende colaborar con la administración de Justicia para que se haga justicia de forma clara y profunda.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, cuya titular es Isabel Conejo, investiga un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio que suma 26 detenciones y 15 imputados. La titular proseguirá hoy con la toma de declaraciones.
De los arrestados, cinco se mantienen en prisión (el ex alcalde, dos concejales del Partido Estepona creado por antiguos integrantes del GIL y dos empleados del Ayuntamiento); 18 están libres bajo fianzas de 15.000 a 500.000 euros -entre ellos cuatro ediles expulsados provisionalmente del PSOE, empresarios y abogados-y tres están en libertad con cargos y sin fianza.
