El ex asesor urbanístico y ´cerebro´ de la trama de corrupción del ´caso Malaya´, Juan Antonio Roca, admitió ayer haber pagado 73.800 euros al ex titular del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, Francisco Javier de Urquía, a cambio de que intentara ayudarle en futuros procesos judiciales.

El dinero corresponde, según Roca, al primer pago e intereses de la compra de una vivienda que adquirió el magistrado a través de la mediación de un amigo, el empresario Arnaud F. A., y cuyo contrato de compraventa se formalizó en Maras Asesores, perteneciente al ex asesor municipal.

La repentina imputación de Roca, admitiendo un posible delito de cohecho del que pudiera ser partícipe el magistrado, hoy suspendido en funciones, descolocó a las defensas, lo que obligó incluso a modificar el turno de interrogatorios de los tres acusados que se sientan en el banquillo de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Roca explicó, a preguntas del teniente fiscal del TSJA, Guillermo Sena -que sustituyó a Jesús García Calderón a la espera de la Fiscalía General del Estado resuelva el incidente sobre su ´imparcialidad´-, que el día 17 de marzo de 2006 entregó dos sobres a Urquía con dinero en metálico, uno con 63.000 euros y otro con 10.800, del que disponía en la caja fuerte de Maras, lugar al que se desplazó el propio juez a las tres de la tarde de esa jornada.

"Me dijo que no tenía dinero para hacer frente a la entrada y me ofrecí a dárselo", confesó Roca, quien imaginó que el pago de ese dinero podía servirle para ayudarle "en temas judiciales que no se especificaron".

Dos días antes, el 15 de marzo, Roca había presentado una denuncia para tratar de impedir la emisión del programa ´Misión Imposible: operación JAR´ en una televisión local, asunto que recayó en el juzgado de Instrucción 2 de Marbella, que presidía Urquía.

Roca afirmó que estaba decidido a "decir la verdad" pese a la oposición de su abogado defensor, quien le asesoró precisamente en sentido contrario.

Las escuchas grabadas por la policía probarían, según el fiscal, que el juez, a través de su amigo Arnaud F., ayudó a subsanar los defectos de forma que presentaba la denuncia aconsejándole que era obligado tramitarla como querella. En este sentido, la Fiscalía sostiene que hubo prevaricación por parte del juez pues no respetó las normas de reparto y dictó nuevo auto suspendiendo el programa antes de que el decanato derivara de nuevo el caso a un juzgado.

Acuerdo. De Urquía, que declaró con su toga y desde el estrado por asistirle su derecho como magistrado, consideró "absolutamente falsa" la imputación de Roca y atribuyó su cambio en las declaraciones realizadas con anterioridad -a la policía y al instructor- a un acuerdo "para recibir trato de favor en otras instancias", en alusión a una posible rebaja de pena por parte del ministerio público, según los "rumores que desde ayer circulaban entre los compañeros", de los que dijo tener conocimiento el propio magistrado.

Aseveró de forma tajante que nunca había hablado con Roca, salvo en las dos ocasiones en las que coincidió con él en el local de su amigo y también acusado Arnaud F., que fue quien les presentó. "Entonces -dijo- no era el monstruo mediático de hoy".

Sobre la adquisición de la vivienda, señaló que, pese a su amistad con numerosos abogados y para evitar que tuviera que "deberles un favor" en un futuro, prefirió contactar con su amigo Arnaud para que sus letrados realizaran los trámites de compraventa y solicitó ayuda a su familia para hacer frente a los pagos. Precisó que, aunque llegó a firmar el contrato con el responsable de la inmobiliaria, José María Pino, se anuló de inmediato por considerar "un disparate" los términos acordados en la modalidad de pagos e intereses que "perjudicaban incluso al vendedor".

Tanto Urquía como Roca aliviaron la situación penal de Arnaud al quitarle hierro a su papel.