La constructora DCG negó ayer las informaciones aparecidas en las últimas semanas acerca de su presunta deuda con las empresas que participaron en la construcción de la mezquita de Málaga, que, según el equipo jurídico de la firma, no asciende a un millón de euros, como sostienen los trabajadores afectados.

De acuerdo con la compañía, de capital español, la cantidad que se adeuda se sitúa en torno a los 100.000 euros y ya está saldada con algunos de los denunciantes, que, en opinión de la constructora, transmitieron cifras imprecisas o inexistentes durante la movilización del pasado 16 de julio.

La empresa rebate asimismo su supuesta vinculación con la realeza de Arabia Saudí, que los trabajadores señalan como responsable de proyecto. En este sentido, aclaran que se trata de una compañía española y, en ningún caso, de una sociedad constituida ex profeso para la realización del centro islámico.

En cuanto a las denuncias de las empresas afectadas, aparecidas en este periódico, la empresa refuta algunos datos como los expresados por Francisco Llácer, que hablaba de una deuda particular de 180.000 euros. En este caso, DCG asevera que el denunciante no trabajó nunca para la mezquita y que su única relación con la obra se podría establecer a través de la firma Enermes, que reclamó ante los tribunales una cantidad cercana a los 178.000 euros.

Una suma rechazada por DCG, que, además, solicitó a Enermes alrededor de 459.000 euros en concepto de daños y perjuicios. "Existen dos informes periciales que analizan exclusivamente los incumplimientos y daños causados por la citada empresa. Será la justicia la que resuelva", puntualiza la constructora.

En un comunicado, DCG replica también las palabras de Francisco Garrido, otro de los afectados, que aludía en sus declaraciones a una partida superior a los 80.000 euros. Una deuda que la empresa dice haber resuelto en el juzgado de Primera Instancia Número 5 de Málaga, que determinó el pago de la cantidad, pero no aceptó la reclamación de añadir intereses y costas. "No existe ni puede instarse ahora procedimiento judicial distinto del anterior, por tanto la petición del señor Garrido es totalmente improcedente", precisa la compañía.

Por último, la constructora arguye que Joaquín Reina, que afirma que le adeudan 11.000 euros, consta en el concurso voluntario de acreedores "con un crédito firme y definitivo sin posibilidad de modificación por el importe de 3.626 euros".

Las declaraciones de DCG se producen después de la movilización de los trabajadores afectados, que el pasado 17 de julio protestaron frente al consulado de Arabia Saudí.