La Fiscalía Anticorrupción no quiere ni contemplar la posibilidad de que el ex alcalde de Estepona Antonio Barrientos, imputado en el seno del ´caso Astapa´ contra la corrupción en esa localidad, quede en libertad. Ayer, el acusador público lo dejó bien claro en la vista que analizó la conveniencia o no de reformar el auto de prisión del ex regidor. Para oponerse a una hipotética liberación, el fiscal afirmó que tanto el ex socialista, como su jefe de gabinete, José Flores, y el edil del PES José Ignacio Crespo -también entre rejas- "pueden influir e interferir en los coimputados, los peritos y los testigos, ya que, al ser una localidad pequeña, han generado un clientelismo más que evidente durante años".
Las tres vistas se celebraron a puerta cerrada y las defensas incidieron en lo mismo: no hay posibilidad de que huyan y no pueden destruir pruebas porque ya no tienen relación con los otros actores del caso al haber dejado sus cargos -excepto Crespo, que continúa como concejal a pesar de estar encarcelado-.
El fiscal señaló que aún queda "mucha gente por declarar y lo deben hacer de la forma más neutral posible. En este caso se han dado muchos intereses recíprocos. Además, deben seguir en prisión preventiva tanto por el riesgo de fuga como por la gravedad de las penas".
La defensa de Barrientos aseguró que "ni hay riesgo de fuga ni de manipulación de pruebas". "Barrientos ha dejado de ser alcalde y concejal, luego es imposible que manipule nada de nada", añadió.
Incluso, este letrado presentó un certificado en el que se hacía constar que el ex socialista ha cesado en todas sus funciones municipales. "Una vez que su enemigo David Valadez es el alcalde y ha cogido Urbanismo; una vez que 25 cargos de confianza han sido cesados, Barrientos no puede influir en nada", indicó.
El representante procesal de José Flores, por su parte, incidió en que no se dan los requisitos para que su patrocinado continúe en prisión preventiva, al igual que ocurre en el caso de José Ignacio Crespo, pero la Fiscalía se opuso también a que ambos abandonen la situación de prisión provisional en el marco de una investigación sobre la corrupción urbanística que "no ha hecho más que empezar", explicaron fuentes solventes.
Abandonos. Por otro lado, ayer se conoció que las concejalas del Partido Estepona (PES) Carmen Ocaña y Francisca Bernal han dejado su formación para integrarse en el grupo de no adscritos, al discrepar de la decisión de dos compañeros de fuerza política de no renunciar a su acta de edil pese a estar presos por el ´caso Astapa´.
Ambas, que se han dado de baja del PES, pasan así al grupo donde ya están los cuatro concejales expulsados del PSOE tras negarse a renunciar a su acta al ser imputados en el ´caso Astapa´ sobre corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. De momento, el único edil del PES es Juan Manuel Rodríguez.
