Tribunales

Intelhorce, historia de un ocaso

 
Se puede observar la antigua planta de Intelhorce, que en su momento álgido vio cómo trabajaban en ella cada día más de 3.200 trabajadores.
Se puede observar la antigua planta de Intelhorce, que en su momento álgido vio cómo trabajaban en ella cada día más de 3.200 trabajadores. 

El proceso judicial más largo de España comenzó en 1994 y aún no se ha cerrado z La caída de ´la textil´ fue motivada por la picaresca de un vividor y las corruptelas de la administración

josé antonio sau. Málaga Intelhorce es hoy sólo un recuerdo de la Málaga fabril de finales de los 50. Sin embargo, su historia encierra muchas fotografías: la de las luchas sindicales contra el franquismo; imágenes de la dignidad de una plantilla que quería seguir trabajando; la del proceso judicial más largo y voluminoso de la judicatura española y la de un italiano pícaro y seductor que descapitalizó la empresa y, anticipándose a Carlos Fernández en una década, protagonizó una espectacular huida ya condenado para morir mansamente en Kenia. Sin embargo, aún no han sido juzgados todos los protagonistas. El 10 de diciembre se sentará en el banquillo de los acusados el empresario José Vela.
Intelhorce había pasado tiempos prósperos y apreturas en su convulsa trayectoria, pero en 1989 el Estado había modernizado y saneado la empresa. Giovanni Orefici, presentándose como representante de Benetton en España, se muestra dispuesto a comprar la compañía. Vicente Escaño, miembro del comité de empresa durante años y empleado en ´la textil´ durante 44, recuerda ese momento: "La Unión Europea apretó a España por dar ayudas públicas a las empresas. El Gobierno se vio obligado a regalarle la planta a Orefici en el 89. Le dieron 5.000 millones de pesetas (unos 30 millones de euros), más otros 5.000 en los que estaban valorados los almacenes. Y encima le ceden algodón para producir durante tres años". En el 92, la industria estaba arruinada. El dinero público que se inyectaba se desviaba para otros menesteres.

Querellas. UGT y otros sindicatos interpusieron varias querellas ante el Juzgado Decano en octubre del 94. Mientras, la descomposición de la empresa es un hecho: se hacen planes de prejubilación, hay despidos masivos y nace Hitemasa, una sociedad participada al 51% por los propios empleados. El resto lo aportaban la Junta y el Ayuntamiento.
El juez Barroso se enfrenta a una instrucción voluminosa: imputa a 44 personas. Entre ellas se encuentran Orefici, por supuesto, y varios altos cargo del Gobierno de Felipe González que asesoraron de una forma u otra durante el proceso de venta: José Miguel Moreno, presidente de Improasa, o Luis Alcaide, ex director general de Patrimonio del Estado.
Alfonso Sell defendió a los dos notarios que dieron fe pública de la venta. Al final, consiguió que se retiraran los cargos contra ellos antes del juicio. "Estuvieron cuatro años imputados por falsedad en documento público. Perdieron a sus clientes. Fue tremendo y requirió un trabajo ingente, exhaustivo, pero al final todo quedó en agua de borrajas", dice.

Trámites. Tras tres años y medio, las partes llegan al juicio. Hay 27 imputados. Pero tras ocho meses de vistas, la jubilación del presidente de la Sala obliga a comenzar de nuevo. Los procesados quieren ser juzgados en la Audiencia Nacional, pero la Sala provincial se queda con el caso. Ahora será Federico Morales, un joven magistrado considerado como uno de los penalistas más prestigiosos, el que presida el tribunal y actúe como ponente de la sentencia.
El nuevo juicio se desarrolla desde principios de 2000 y concluirá con una sentencia en abril de 2001. En el proceso, se caen doce imputados y finalmente serán condenados ocho personas a un total de 38 años de cárcel y a pagar 8.000 millones de pesetas al Estado. Todos los cargos públicos salen absueltos. "Preparar el juicio fue muy complicado. Recuerdo esos dos años como si estuviera en una urna aislada, debido sobre todo al acoso mediático y a la falta de relación con otra cosa que no fuera Intelhorce", dice Morales, quien al tiempo señala: "Lo que más recuerdo es cuando te liberas y pones la sentencia. Fue algo muy representativo". En la vista declararon incluso Carlo Benetton y el ex ministro de Economía Carlos Solchaga.

Supremo. Años después, ya en 2004, el Tribunal Supremo condenó al responsable de Improasa, que había asesorado favorablemente sobre la venta, subió las penas de varios de los imputados y aumentó los años de cárcel de Orefici, quien ya había fallecido. "Yo salí de la vista en las cuestiones previas. Lo que recuerdo es la relación de amistad que tenemos desde entonces los abogados después de sentarnos unos junto a otros durante años, como si hubiéramos hecho la mili", recalca Antonio Checa, defensor del empresario que será juzgado el 10 de diciembre por una pieza separada del caso. Éste, además, incide en "el gran perjuicio que le causa a la persona la dilación de un procedimiento. Es un suplicio, se sea o no culpable".
Pedro López era un joven abogado que el 98 comenzaba su carrera: "Fue tedioso, muy largo. La sentencia fue de una gran calidad jurídica". Nada más conocer la sentencia de primera instancia, Orefici huye. Es localizado en Toscana y, tras ello, puesto en arresto domiciliario. En 2002 se esconde en Kenia, donde morirá de un infarto. Los magistrados llegaron a exhumar el cadáver para ver si su fallecimiento era cierto. En su tumba escuchará para siempre los ecos de miles de trabajadores de Intelhorce.


La fábrica llegó a facturar 9.500 millones de pesetas en 1984


España estaba en plena era autárquica y el paro y el hambre campaban a sus anchas por la ciudad. Francisco Franco visitó Málaga en el año 51 y prometió crear una empresa que generara muchos puestos de trabajo. En el año 53, el Consejo de Ministros, ya imbuido de los aires desarrollistas de los ministros tecnócratas, aprobaba el proyecto y en el 57 se puso la primera piedra de lo que sería en el futuro la sede de Industrias Textiles del Guadalhorce, un grupo que llegó a facturar 9.500 millones de pesetas en 1984.
Vicente Escaño entró a trabajar en la fábrica en 1961, cuando sólo había 20 empleados. "Recuerdo que Benjumea, un ingeniero que era hijo del Conde del Guadalhorce, el mismo que hizo el pantano, redactó un proyecto vanguardista y moderno", dice. Alrededor se hicieron siete bloques de pisos para acoger a la plantilla y la fábrica fue creciendo como un gigante con los pies de barro.
En septiembre del 72 había 25.000 husos, un tercio de lo que llegaría a tener después. Entonces se ampliaron los telares y la zona de los acabados y en 1975 había más de 3.200 trabajadores. "Ese año, para producir Intelhorce necesitó de diez millones de kilos de hilo y 80 millones de metros de tejido", explica Escaño, quien añade que la industria sufrió su primera privatización en el 72. "Le dieron el 100% de las acciones regaladas al grupo Castell, formado por el Banco Catalán de Desarrollo y el Banco Madrid. Entonces la empresa era muy rentable", aclara.
Las instalaciones no estaban mal: 320.000 metros cuadrados en la planta principal; 180.000 junto a las viviendas y 40.000 cerca del río, para llevar el agua hasta el complejo.
Pero los aires de cambio no sólo fueron para el país. En 1977 se convocaban las primeras elecciones democráticas desde la II República y el Grupo Castell, asustado por lo que preveía como una situación inestable, descapitaliza sus bancos y se marcha. Claudio Boada, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI), decide que Banesto se quede con las dos bancas en quiebra e Intelhorce vuelve a Patrimonio del Estado en 1980. La deuda con Banesto alcanza la nada despreciable cifra de los 4.000 millones de pesetas.
Patrimonio intenta sanear la empresa sin comprar maquinaria e invirtiendo muy poco, pero José Antonio Montserrat, gerente de la fábrica, adquiere máquinas en Suiza y Checoslovaquia. Todo comienza a funcionar y en 1984 el grupo factura 9.500 millones de pesetas.
España entra en 1986 en la Unión Europea, institución cuya premisa es el liberalismo económico y, partiendo de ella, declara la guerra al paternalismo estatal del Gobierno de Felipe González. El Ejecutivo jamás hablará claro sobre sus planes de reconversión, pero Bruselas lo ve todo y obliga al Estado a poner en venta la empresa. Entonces entra en escena Orefici, empresario italiano que decía estar vinculado a Benetton. "Le dan 5.000 millones de pesetas, más otros 5.000 en los que estaba valorada la sociedad. Cuando se va, en 1992, la factoría está arruinada", dice Escaño.
Al mismo tiempo, los empresarios catalanes denuncian a la Unión Europea que Intelhorce recibe ayudas públicas. Éstas se declaran ilegales y, ya con Pedro Solbes en Economía, la compañía se declara en suspensión de pagos. En octubre del 95, la mercantil se declara en quiebra.
En 1994 llegan las primeras querellas. La fábrica había reducido poco a poco su plantilla en 1980. En el 83 hay 2.700 empleados y esta cifra bajará hasta los 1.700 en tiempos de Orefici. Cuando la empresa quiebra, sólo trabajan 700. Muchos optan por prejubilarse, pero otros compran el 51% de las acciones y, con el apoyo público, crean Hitemasa, que tendrá vida hasta 2004, cuando venden su capital y acuerdan una póliza de prejubilación con un banco. "Por Intelhorce, en diferentes fases, pasaron más de 20.000 personas. Todas las familias de Málaga tenían a alguien que había trabajado allí", dice Escaño, quien, siendo ahora secretario de Industrias Textiles y Químicas de CCOO, se enorgullece de la lucha sindical que se libró en la empresa. "Protagonizamos las luchas más fuertes de la democracia. En el 72 se cerró durante tres meses la factoría y nosotros nos metimos varios días en la Catedral en huelga" contra el intento de cierre, recuerda. Ahora, esos terrenos acogerán un polígono industrial.

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