Como en Marbella pero con menor alcance. Así funcionaba la supuesta trama de corrupción que supuestamente lideraban el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra (PP). El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín la inculpación y posterior enjuiciamiento tanto del regidor como de otras 24 personas por su implicación en esta presunta maquinaria engrasada para subvertir la legalidad urbanística.

Así, en un escrito al que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el acusador público solicita que las diligencias previas se conviertan en procedimiento abreviado y se dicte el posterior auto de apertura de juicio oral contra 25 personas por supuestos delitos de cohecho, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales.

"En el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande funcionaba una trama al frente de la cual se hallaban sus máximas autoridades, cuyo objeto era obtener un enriquecimiento personal ilícito, en virtud del cual se ofrecía a empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista a cambio de la oportuna retribución económica", dice.

Sobornos. Los pagos se han acreditado gracias a las anotaciones manuscritas y los archivos informáticos intervenidos en enero de 2007, cuando estalló la operación ´Troya´.

Incluso había sido tasado el precio a pagar tanto por el incremento de metros cuadrados de edificabilidad (80 euros) como por el aumento de viviendas permitidas en una parcela (6.000 euros por casa). La supuesta trama, según el fiscal, era dirigida por el alcalde, mientras que Gregorio Guerra "controlaba tanto los pagos efectuados como los que se debían efectuar".

Funcionarios. En esta red se integraban dos asesores jurídicos del Consistorio. El primero de ellos, J. B. G., daba luz verde a los proyectos en sus informes a pesar de ser consciente de que el arquitecto municipal había denegado su permiso. El segundo, I. D. C., realizó esta misma acción en una sola ocasión.

Además de estos cuatro inculpados, el fiscal pide que sean procesados cuatro empresarios de una misma sociedad por acordar dos pagos (uno de 100.000 euros y otro de 18.000). Un vecino de la localidad -también imputado- permutó una parcela con la mercantil. En ella sólo se podían construir seis viviendas con una edificabilidad de 1.157 metros de techo. Con el pago de la primera dádiva, la constructora pudo edificar, con la licencia expedida por Guerra, 21 casas -2.400 metros cuadrados-. El asesor jurídico del Consistorio informó favorablemente. Se desconoce el fin del segundo soborno.

Según el fiscal, el administrador de otra empresa pactó sufragar una suma de 12.000 euros por hacer diez viviendas y aparcamientos en un edificio plurifamiliar. Guerra dio su autorización, a pesar de que el arquitecto se opuso. El abogado rubricó un informe positivo a tal actuación.

Se ha computado además otro pago de 12.000 euros hecho por una promotora por la construcción de cuatro viviendas y garajes en una parcela. Esta iniciativa contaba con informes negativos del arquitecto al superar la edificabilidad permitida, pero Guerra la autorizó.

Otro empresario abonó 18.000 euros para levantar seis viviendas y garajes, un proyecto que superaba la edificabilidad permitida por el planeamiento, mientras que un promotor llegó a entregar 70.720 euros en un caso análogo.

Uno de los casos más sangrantes es el de una empresa que supuestamente sobornó al Ayuntamiento con el pago de 168.545 euros para obtener una licencia que le permitiera levantar 47 viviendas en un solar en el que sólo se podían concretar 22. "Esto supone un incremento de edificabilidad del 200%", añade el acusador. El mecanismo fue idéntico: informe negativo del arquitecto, que es obviado por el asesor jurídico y autorización del edil.

Hay tres dádivas relativas a cuatro proyectos urbanísticos ilegales cuya cuantía no se ha podido constatar. Tres administradores mancomunados de una misma sociedad entregaron 48.720 euros para obtener una edificabilidad del 230% en una parcela. El fiscal considera acreditados indiciariamente dos sobornos más: uno de 26.620 euros y un segundo de 6.000.

El delegado Anticorrupción también propone que se inculpe al responsable de Conextran por blanqueo de capitales, "entidad que se habría usado para ocultar los sobornos efectuados por los empresarios a los miembros de la Corporación en esta trama de corrupción". Cuando el PP logró la mayoría absoluta, la entidad se benefició de contrataciones públicas, facturando en 2004 más de 400.000 euros.