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josé antonio sau. Málaga
Quienes hablan de la lentitud de la Justicia no se refieren a un aspecto abstracto de esta administración, sino que hay casos que demuestran el aserto. Y si no que se lo digan a unos sorprendidos policías nacionales que el pasado 12 de febrero fueron testigos de cómo se entregaba en la Comisaría un hombre que ha estado más de 25 años en busca y captura. Los mismos agentes lo dejaron en libertad, al haber prescrito el delito por el que fue condenado: abusos deshonestos. El fiscal informará en breve sobre el caso, aunque muy probablemente el encausado quede libre de toda culpa.
En 1982, un juzgado de la capital condenó al acusado a seis meses y un día de prisión menor por abusos deshonestos. También decretó el órgano que debía indemnizar a la víctima en la cantidad de 20.000 pesetas (120 euros).
Según se recoge en el fallo, el hombre se acercó a una mujer australiana con los genitales al aire y trató de besarla y realizarle tocamientos, fin que no consiguió precisamente por la oposición de la víctima. Los hechos sucedieron en el parador de Gibralfaro.
El condenado recurrió en casación al Tribunal Supremo, aunque el órgano cúspide del sistema judicial español decidió declarar firme la sentencia el 26 de octubre de 1983. A finales de ese año, el interesado solicitó a través de su abogado cumplir la condena en libertad condicional, lo que también le fue denegado. Aún así, se le suspendió la pena de seis meses y un día de cárcel impuesta.
En diciembre de 1983, los funcionarios fueron a comunicarle al interesado la suspensión del fallo de privación de libertad, pero no hallaron ningún domicilio conocido para hacerlo. Una vez localizado el mismo, acudieron a darle la noticia, pero allí no lo encontró nadie. En 1984 fue declarado en busca y captura.
Nadie sabe si él fue el que huyó o simplemente se cambió de domicilio y no pudo ser encontrado por los empleados públicos encargados de informarle de que su pena había sido suspendida.
"No sabemos cómo, pero el 12 de febrero él mismo se personó en la Comisaría Provincial, y, tras comparecer, quedó en libertad porque el delito evidentemente ha prescrito", apuntan las fuentes consultadas. La Fiscalía decidirá próximamente qué trámites seguir en la causa.
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Alfonso García-Rabadán Gascón, abogado multidisciplinar y procesalista en Roji Abogados, ha respondido las preguntas de los lectores
Mónica Fernández- Mejía, miembro de Roji Abogados, responderá el miércoles, 23 de mayo.
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