Los empresarios piden a Costas que baje el canon de 17.000 euros por los chiringuitos de la ciudad

El lunes se reunirán con el responsable de la Demarcación para negociar una rebaja. Proponen unos 8.000 euros al año, como se aplica en la Misericordia

Miguel Ferrary. Málaga Unos 9.000 euros al año es lo que separa a Costas de los empresarios de playa de la capital para alcanzar un acuerdo de renovación de las licencias para los chiringuitos de La Malagueta y La Caleta. Ese dinero es la diferencia entre la propuesta de los empresarios respecto al canon anual a pagar, que ellos proponen en 8.000 euros, mientras que la Demarcación de Costas plantea que se abone una anualidad de 17.000 euros.
Ambas partes tendrán una reunión el próximo lunes para abordar el importe definitivo, aunque la Demarcación de Costas asegura que esta anualidad se calcula en función del valor catastral de un local en la zona donde se van a instalar los chiringuitos. En este sentido, advierte de que el canon no se calcula de forma aleatoria y que, en todo caso, se aplica la normativa general.
Estos 17.000 euros de pago anual por la concesión del chiringuito afectarán a los siete establecimientos que están en una situación de alegalidad en La Malagueta y La Caleta, quedando fuera los dos que hay en Guadalmar, donde el canon previsto sería de unos 9.000 euros.
La legalización de estos restaurantes de playa incluye, además de corregir su actual ubicación en algunos metros, la construcción de un edificio con unos 150 metros cuadrados de superficie, tal y como estipula la ley, con servicios e instalaciones nuevas.
La reforma de los actuales establecimientos comenzaría en septiembre de llegarse a un acuerdo con Costas, en especial en el canon, y tras el termino de la próxima temporada de playa. La inversión requerida para construir cada chiringuito es de unos 300.000 euros, cifra que deben abonar los empresarios con la concesión. Actualmente los chiringuitos afectados de La Malagueta y La Caleta tienen una superficie media de unos 20 metros cuadrados y carecen de las instalaciones mínimas que exige la ley.
Oposición al canon. Los empresarios de playa de la provincia se han opuesto de forma radical al canon que solicita Costas. El presidente de la asociación, Miguel Arrabal, afirma que no están dispuestos a aceptar el abono de 17.000 euros e insiste en que sólo están de acuerdo en pagar una anualidad que sea similar a la que ya aportan los chiringuitos instalados en Huelin y La Misericordia, que están adaptados a la ley desde hace unos años y asumen unos 8.000 euros cada temporada por la concesión del espacio.
"No estamos dispuestos a pagar más que los establecimientos de la Misericordia, porque ahora las cosas están peor que cuando ellos se abrieron y, si nos suben el canon, tendremos que repercutirlo en los precios y nadie quiere porque perderíamos clientes", indicó Miguel Arrabal, al tiempo que puso como límite máximo los 8.000 euros anuales que se pagan en el litoral Oeste.
Arrabal recuerda que los chiringuitos afectados abonan actualmente unos 3.600 euros al año, pero también "tienen unos establecimientos de 20 metros cuadrados". "No es normal que ahora tengamos que abonar el aumento del IBI en los locales de la zona cuando la burbuja inmobiliaria ha explotado y valen menos", subrayó el representante de este sector, quien apuntó que resulta contraproducente que, conforme más caro es la obra de un chiringuito, "más tenemos que pagar".
La concejala de Playas, Teresa Porras, se mostró también favorable a que Costas reduzca la exigencia anual a los chiringuitos. En este sentido planteó que el lunes se hará una contraoferta para reducir la aportación, ya que considera que no se puede exigir el valor del catastro como si fuera un local "que no es de su propiedad y sólo pueden poner un restaurante, vaya bien o no".
Exigencias. El canon que deben asumir los empresarios de playa se calcula en función del IBI de los locales de la zona y se aplica un 8% de la inversión realizada. Además, había que sumar una parte correspondiente a las tasas municipales. Esta cantidad se entrega anualmente y se va actualizando en función del IPC de cada año. Además, ahora se está planteando que se renegocie cada cinco años.
La explotación de los restaurantes de playa se realizan mediante una concesión de la Demarcación de Costas para ocupar una franja de litoral de 150 metros cuadrados y a una distancia de unos 80 metros respecto de la orilla. Entre las exigencias para la explotación se encuentran que construyan un edificio con servicios públicos y unas dimensiones mínimas para atender al público.