La construcción tilda de castigo el plan para reactivar la vivienda

La Asociación de Constructores y Promotores cree que la nueva propuesta de ZP, que plantea eliminar las deducciones fiscales por la compra de casas desde 2011, "frenará más el mercado"

lucas martín. Málaga La supresión de las deducciones fiscales correspondientes a la compra de viviendas ha tardado menos de veinticuatro horas en suscitar una polémica que se prevé, cuanto menos, de largo recorrido en política económica. Si el pasado martes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reveló sus intenciones, ayer, los principales agentes de la provincia le respondieron con contundencia. La medida, según la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), no representa una ayuda para reactivar el mercado inmobiliario, sino un "castigo" para clientes y empresarios.
Uno de los más críticos fue el presidente de la organización, José Prado, que aseveró que la iniciativa, que plantea eliminar la desgravación a partir de enero de 2011, supone un "nuevo obstáculo" a la recuperación del sector. Prado cuestionó tanto sus efectos futuros como inmediatos, ya que, en su opinión, no servirá para revitalizar las ventas en los próximos dos años. "La gente esperará hasta el último momento porque confía en que los precios van a bajar, lo cual no deja de ser un bulo", señaló.
En cuanto a las posibles consecuencias de la medida, el representante de la patronal se mostró convencido de su invalidez para alterar la actual tarifa del metro cuadrado, tesis también defendida por el sector a nivel nacional. "Las deducciones nunca han sido un indicador ni para subir ni para bajar los precios", dijo.
Para el líder provincial de la ACP, la propuesta de Zapatero manifiesta un "error" y una oportunidad fallida, puesto que no dice nada de posibles incentivos a los consumidores, medida que ya se ha puesto en marcha en otros sectores, caso de la automoción. Según Prado, Málaga cuenta con una demanda natural de 22.000 viviendas que se podrían haber vendido si se hubieran arbitrado las políticas oportunas. "Necesitamos ayudas para evitar despidos y estimular el consumo con confianza e incentivos", señaló.
El portavoz de los constructores se quejó también de la falta de diálogo social exhibida por el Gobierno y calificó de torpe su receta económica, que, en opinión, está condenada a fracasar hasta que no apueste por reflotar su principal industria y trabaje en paralelo en el desarrollo de nuevos sectores. "No se puede crear otro modelo en cinco días, lo primero es recuperar la construcción, de la que dependen, incluso, los ayuntamientos", reseñó.
En parecidos términos se expresó el vicepresidente ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Javier González de Lara, que tildó la propuesta de "inapropiada" y refutó su aparente sentido social. En su opinión, se trata de una medida con denodado "afán recaudatorio" que la Administración lleva años intentado aplicar, a pesar de su impopularidad.
También expresó su recelo el secretario provincial de UGT, Manuel Ferrer, que, si bien apostó por esperar a su desarrollo, mostró sus dudas acerca de su eficacia. Especialmente, a partir de 2011, fecha en la que se erradicarán las deducciones fiscales.

Más prestación social. Además de la iniciativa relativa a la vivienda, los representantes de las principales agrupaciones de la provincia aludieron al resto de planteamientos gubernamentales. Así, tanto Manuel Ferrer como su homólogo en CCOO, Antonio Herrera, echaron en falta una mención a las prestaciones sociales y a la protección de los desempleados y González de Lara lamentó que no se aborde un plan de financiación para los municipios.
Mención aparte merecen las propuestas destinadas a aliviar la carga impositiva de las sociedades, que fueron bien acogidas, a excepción de la referente a la rebaja dirigida a los autónomos, que suscita más diferencias. La presidenta a la Asociación de Autónomos de Málaga (CEAT), Ana Navarro, insistió en que se trata de una reducción escasa y abogó por opciones más acordes con la economía del colectivo, caso de un aplazamiento en las tareas fiscales. "Aunque nos rebajen, tenemos todavía que pagar a Hacienda por unos trabajos que no hemos cobrado, ya que muchos de nuestros clientes están en proceso de quiebra", detalla.