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jose torres. Málaga
El gremio de los abogados mostró ayer en Málaga su disconformidad con ciertos puntos de la directiva sobre blanqueo de capitales que se viene aplicando en nuestro país. Y lo hicieron partiendo de la base de que desde la abogacía se apoya la lucha contra la delincuencia, organizada o no, a través del rastro que deja el dinero. Sin embargo, como apuntaba el decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, también reivindican los intereses de una defensa de los ciudadanos ante la ley, "tal y como recoge la Constitución". Así, uno de sus principales reclamos gira en torno al secreto profesional, una figura que es "una obligación del abogado y un derecho del ciudadano", apuntó el decano para solicitar que se concretaran las normas.
Esta misma conclusión la apoyaba el secretario general del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Joaquín García-Romanillos, quien aseguró que cuando un abogado utiliza el secreto profesional para delinquir es un "delincuente", aunque insistió en que "no todos soportan el mismo peso", poniendo como ejemplo casos de jueces y magistrados juzgados y condenados por prevaricación y cohecho en los que resulta que el peso de la ley "ha sido inferior".
Por ello, García-Romanillos lamentó que "si se protege con penas tan livianas el Estado de Derecho, la economía le va comiendo terreno al derecho", advirtiendo de que "no protejan tanto la economía y no se olviden tanto del Estado de Derecho, porque eso nos ha conducido a la situación en la que estamos, con ausencia de valores y de su protección". De la misma manera, lamentó el "desprecio" que sufre una figura tan "esencial" para los abogados.
Asesoramiento. El presidente de la comisión de blanqueo del CGAE, Nielson Sánchez Stewart, también se refirió a que el asesoramiento es una de las funciones propias de los abogados y "se trata de forma ambigua", por lo que pidió comprensión a la Administración y al legislador "porque no sacamos nada con sacar normas imposibles de aplicar y que subsisten porque no hay medios para hacerlas obligatorias a todos. Hay 150.000 abogados y 25 inspectores del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo", puntualizó. También pidió moderación al legislador el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Santiago, Miguel Abel Souto, para que "deje de trasponer disposiciones cambiantes" de otros países, solicitando lo mismo de la judicatura y de la Fiscalía para evitar que el delito de blanqueo se añada "como coletilla" en todas las acusaciones. La presentación de las conclusiones del primer Congreso sobre Prevención de Blanqueo de Capital, que se celebró en Málaga en junio de 2008, sirvió también para criticar el modelo de detenciones multitudinarias a modo de "espectáculo", así como el abuso de la prisión preventiva y sus prórrogas para obtener más información de los imputados.
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Alfonso García-Rabadán Gascón, abogado multidisciplinar y procesalista en Roji Abogados, ha respondido las preguntas de los lectores
Mónica Fernández- Mejía, miembro de Roji Abogados, responderá el miércoles, 23 de mayo.
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