El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Turismo, convocó a tres empresas, cuyos propietarios son los mismos en los tres casos, para negociar un contrato de servicios turísticos que finalmente concedió a una de ellas. Según los expertos consultados por este periódico, el procedimiento podría suponer una transgresión de la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas, que exige que para adjudicar contratos por procedimiento negociado, como es el caso, la administración pública debe convocar al menos "a tres empresas distintas".

Con estos requisitos la ley pretende garantizar la concurrencia, lo que no se daría en este caso al tratarse de empresas con la misma identidad de capital y de titulares. El pasado 12 de mayo el Ayuntamiento dictó un decreto por el que se adjudicaba a la empresa malagueña Cau Group Consultores la contratación de un "plan de marketing de creación y desarrollo del producto turístico cultural City-Break en la ciudad de Málaga" por un importe de 60.399 euros, con la finalidad de realizar en tres meses un plan para la promoción de este tipo de segmento turístico.

En el mismo decreto se señalaba a las otras dos empresas que habían sido convocadas por el Ayuntamiento y que finalmente no habían resultado adjudicatarias. Se trata de las empresa Consultores y Asesores de RRHH Uncibay y de Risgal Uncibay, todas con domicilios en Málaga capital. La documentación que obra en poder de La Opinión de Málaga señala que en el momento que el Ayuntamiento convocó a estas empresas el administrador único de las tres era la misma persona: José Luis Cuadrado Arranz, mientras que Luis Ignacio Montañez Montañez figura como socio y apoderado de al menos dos de ellas.

En una de ellas, Consultores y Asesores de RRHH Uncibay, José Luis Cuadrado Arranz cedió el puesto de administrador único a Luis Ignacio Montañez. La fecha de este cambio fue el 24 de marzo de este año, cuando el Ayuntamiento ya había iniciado el procedimiento negociado para adjudicar el contrato. Además, los nombres de varias personas más figuran indistintamente en las sociedades de las tres empresas.

Por su parte, el director general del área de Turismo, Arturo Bernal, explicó que para este contrato se llamaron a "más de tres empresas", sacadas de un listado que dispone el área con empresas especializadas en temas turísticos. Si finalmente sólo se negoció con las tres reseñadas, indicó Bernal, fue porque alguna de las otras rechazó presentarse o porque no reunía los requisitos para hacerlo.

A este respecto, Bernal dijo desconocer si los socios de las tres empresas eran los mismos, pero que los representantes legales que presentaron las ofertas sí eran distintos. El director general del área de Turismo señaló que, como en otros casos, una vez presentadas las ofertas, se hizo un informe técnico de valoración que finalmente se envió al departamento de Contratación y Compras para su decisión final.

Los expertos en Derecho Administrativo consultados por este periódico señalaron ayer que la actuación del área de Turismo, que dirige Elías Bendodo, supone un incumplimiento de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas al anular la concurrencia y la competencia entre las empresas.

Las mismas fuentes señalaron también que la infracción lo sería también a nivel comunitario, ya que el Parlamento Europeo acaba de asumir las exigencias contenidas en la Ley de Contratos. Además, según estos expertos, el Ayuntamiento podría haber incurrido en otros defectos legales relacionados con el fraude o la falsedad en documentación pública. ?