´Malaya´, la historia del caso que nunca llega a buen puerto

El instructor está desbordado y, por más horas que trabaja, el sumario parece haberse vuelto ingobernable. Hay preocupación por que el proceso sea enviado cuanto antes a la Audiencia

josé antonio sau. Málaga El ´Caso Malaya´ contra la corrupción política y urbanística en Marbella estalló el 29 de marzo de 2006. Su investigación se inició en noviembre de 2005. Más de tres años después, la causa no ha llegado aún a juicio y esa demora comienza ya a ser una preocupación recurrente entre algunos miembros de la judicatura: Óscar Pérez, el magistrado que sustituyó a Miguel Ángel Torres al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, realiza maratonianas jornadas de trabajo, pero apenas da abasto para gobernar un ´caballo desbocado´, como algunos califican este procedimiento.
El sumario, que cuenta ya con más de cien procesados, aún no ha llegado a la Sección I de la Audiencia Provincial, y los magistrados de esta Sala han de resolver cada mes decenas de recursos de apelación interpuestos por las partes que inciden, una y otra vez, en los mismos asuntos una y mil veces resueltos tanto por el propio instructor como por la Sección Tercera, que se ocupó del caso hasta que éste pasó a la Primera.
Torres parió la criatura, Óscar Pérez la ha limpiado y educado y la Audiencia, con la misma paciencia de un pedagogo, se ha esforzado por desbrozarla y protegerla, arrancando las zonas de ´sombra´ que podrían tumbarla al haberse vulnerado supuestamente algunos derechos constitucionales.
La preocupación es evidente entre algunos de los protagonistas de que esto llegue a buen puerto. La Fiscalía Anticorrupción ha dado órdenes de agilizar la práctica de pruebas con el objetivo de que la causa llegue ya a Málaga. Óscar Pérez está en un callejón de difícil solución, por más que su preparación técnica y su laboriosidad están fuera de toda duda. Aún no ha contestado a los recursos interpuestos por las partes en relación al primer auto de procesamiento del caso (emitido por el juez Torres en julio de 2007). Y, para más inri, ahora deberá contestar a los recursos que se presenten contra el segundo, que fue emitido el pasado marzo.
"Pérez hace lo que puede, pero está desbordado, y encima ahora se ha quedado sin compañero en el juzgado. Estos casos hay que tramitarlos rápido para que se celebre el juicio", explica una fuente consultada por este periódico.
El juez de apoyo deberá tomar posesión de un juzgado en Orihuela (Alicante) y dejará de ayudar a Pérez. El TSJA ya ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que un magistrado en comisión de servicio sea adscrito de forma permanente al órgano.
Además, hay otro punto de preocupación. Juan Antonio Roca ha sido condenado por el ´Caso Saqueo I´ a más de seis años de prisión, pero el fallo no es firme hasta que sea revisado por el Tribunal Supremo. Es muy probable que el juicio no se celebre antes de marzo de 2010, y, para entonces, el ex asesor de Urbanismo habrá cumplido los cuatro años de prisión preventiva que marca la ley, por lo que podría ser puesto en libertad provisional si el Supremo rebaja la pena de Roca en ´Saqueo I´. "Lo que está claro es que sin Juan Antonio Roca en el banquillo no hay ´Malaya", comentan las fuentes consultadas.
"No se puede tener a varias personas imputadas durante más de tres años en un proceso de este tipo, al cabo de varios ejercicios no hay Justicia", recalca otra fuente judicial cuestionada por La Opinión de Málaga.
Para aligerar el peso de la imputación, la Audiencia Provincial está devolviendo fianzas, rebajándolas y limitando a un único día la comparecencia en sede judicial de algunos de los procesados. A un ex concejal se le permitió irse a trabajar a Uruguay, a otros se les ha dejado viajar, y se libran constantes mandamientos para que algunos de los encausados puedan pagar la luz, la hipoteca y la casa.
Hay abogados, como el de Juan Antonio Roca, que no han podido cobrar parte de lo que sus clientes les deben. No porque éstos no quieran pagar, sino porque el juez instructor se ha negado a que los letrados reciban sus honorarios de las ventas de parte del patrimonio intervenido en la causa, procedente, según la investigación, del blanqueo de capitales.
Muchos de los acusados, como apunta un letrado, ni siquiera entrarán en la cárcel, ya que, por ejemplo, si están acusados de cohecho y se conforman con la pena, tendrían que cumplir menos de dos años de privación de libertad y eso podría eximirles de la experiencia carcelaria.
Probablemente, arguyen, su castigo estará más que cumplido después de más de cuatro años de ser señalados socialmente, de no poder abrir ni siquiera una cuenta bancaria o de que se les deniegue, una y otra vez, los créditos que solicitan.
La propia Audiencia se está negando, al igual que el instructor, a realizar algunas pruebas que harían eterna la investigación en curso: "La Sala entiende la preocupación de las defensas de los procesados y el legítimo interés en participar en todas las diligencias que se practiquen en las actuaciones, pero la diligencia interesada, que conlleva el interrogatorio de las cien partes personadas a cada uno de los testigos y peritos que han intervenido en el caso, con los avatares correspondientes, haría inviable la instrucción del proceso".