La antigua prisión provincial de Málaga, ubicada en la Carretera de Cártama, ya es historia. Fue clausurada el lunes, una vez que se ha completado el traslado total de los funcionarios y los internos al nuevo Centro de Inserción Social (CIS), ubicado en el polígono Guadalhorce. Una empresa de seguridad custodia desde hace dos días el inmueble, que ha dejado de tener, después de 76 años de servicio, un uso carcelario.

Ahora, comenzará un proceso de desafectación de los terrenos –que tienen una superficie de 14.000 metros cuadrados–, de forma que, tras este trámite jurídico, Patrimonio del Estado devolverá la parcela al Ayuntamiento de Málaga. Sin embargo, hasta que el edificio sea de nuevo de titularidad municipal puede pasar un amplio periodo de tiempo, aunque ya hace meses que Instituciones Penitenciarias y el Consistorio entablaron conversaciones sobre el futuro uso del inmueble.

Función y uso. IU y varios colectivos ciudadanos propusieron a finales de abril que la prisión acoja un Centro de la Memoria Histórica, idea que aprobó el pleno del Consistorio de forma unánime. En cualquier caso, se han planteado más posibles usos para la penitenciaría.

Ya hay dos arquitectos –José Antonio Marín y Javier Pérez– trabajando en el diseño del proyecto de remodelación del penal que, no obstante, conservará la fachada que da a Ortega y Gasset, según explicó Manuel Díaz, edil de Urbanismo. Además, recientemente se produjo una reunión entre los representantes de diversas áreas municipales para analizar los futuros usos del inmueble que están sujetos a dos factores: el espacio disponible y el estado de conservación.

La idea principal es que se convierta en un gran centro cívico para el distrito que contará con un auditorio de 500 plazas para acoger proyecciones de cine o representaciones teatrales. Este centro también tendrá espacio para albergar las sedes de asociaciones vecinales –y de otro tipo–, así como una zona para la realización de talleres y un espacio expositivo. También se baraja la posibilidad de crear un lugar para jóvenes artistas y artesanos.

El Consistorio muestra cierta inquietud por el estado del inmueble y estima que casi con seguridad habrá que demoler alguna de sus naves ante el deterioro que presentan. También se pretende que sea la sede de Servicios Operativos, actualmente en El Duende, y su subsuelo dispondrá de espacio suficiente para el parking del parque móvil del Ayuntamiento.

Historia. Como relata la historiadora Mari Pepa Lara García en un artículo de la revista ´Isla de Arriarán´, Enrique Esteve, arquitecto municipal en 1927, consignó en un escrito que las autoridades habían realizado varias visitas al entonces centro penitenciario, ubicado en el Pasillo de la Cárcel, quedando de manifiesto el mal estado del inmueble. El 31 de agosto de 1928, el alcalde de la ciudad, Fernando Guerrero Strachan, y el presidente de la Audiencia Provincial, Enrique de la Blanca y González –en representación del Ministerio de Gracia y Justicia–, acuerdan la cesión de la parcela por parte del Consistorio al Estado. Dos días antes se había colocado la primera piedra.

Ya en plena República, la malagueña Victoria Kent, entonces directora general de Prisiones, visita las obras (el 5 de junio de 1931). En aquellos momentos, sólo había 133 reclusos, de los cuales 57 habían participado en la quema de conventos e iglesias de mayo.

La inauguración del penal tuvo lugar el 13 de octubre de 1933. Ya con la Guerra Civil en marcha, el presidio acoge a miles de presos cercanos al alzamiento, hasta que en febrero de 1937 la ciudad cae en manos de los nacionales. Según la Asociación contra el Olvido y la Memoria Histórica, más de 30.000 personas pasaron por el presidio ya con los generales en el poder. Muchas de ellas murieron en los muros del cementerio de San Rafael.

También fue protagonista de innumerables sucesos la prisión provincial durante la democracia. Así, el 14 de junio de 1985 se produjo un motín: cinco presos muy peligrosos intentaron fugarse y, en el transcurso de un tiroteo, resultó muerto un policía nacional. Se hicieron fuertes en el interior del penal y lograron hacerse con cinco rehenes. La revuelta no acabó hasta que el inspector general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Lara, leyó un comunicado –emitido por radio– en el que se aseguraba que los detenidos serían tratados conforme al Estado de Derecho. Incluso, un equipo de TVE tuvo que entrar al centro para que los presos pudieran proclamar sus exigencias. Augusto Méndez de Lugo, ahora presidente del TSJA, requisó las imágenes.

Sólo seis años después, el 15 de febrero de 1991, ETA colocó un coche bomba con 50 kilos de explosivos junto a la prisión. Apenas siete personas resultaron heridas de carácter leve. Eso sí, se produjeron graves daños materiales.

Ya para entonces, ante las condiciones en las que se encontraba el penal, se construía la cárcel de Alhaurín de la Torre, inaugurada en 1992. Desde ese año hasta el pasado lunes, la añeja prisión ha hecho la función de una cárcel de régimen abierto.