Las agresiones a profesores ya se juzgan como delitos

Pegar a un maestro salía barato, con relación al daño moral, más que físico, que esta agresión causaba al docente. Los episodios de violencia escolar contra los profesores se solían considerar faltas y como tales se tramitaban en los juzgados. Las penas se quedaban en simples multas económicas o, como mucho, en la obligación del acusado de estar permanentemente localizado durante un tiempo. En noviembre de 2007, representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO se reunieron con el Fiscal Jefe del TSJA Jesús Calderón. En aquel encuentro, los profesores pidieron que la Fiscalía calificara las agresiones a los profesionales de la enseñanza como "atentados", al afectar a personas que trabajan en centros de ámbito público y a la prestación de un servicio educativo. Desde entonces, estos episodios se tramitan ya como delitos.
El primer caso que se dio en Málaga precisamente, tenía al actual delegado de Educación, Antonio Escámez, como triste protagonista, ya que cuando era director del IES Torre del Prado de Campanillas, fue agredido por el hermano de un alumno en la puerta del centro. El juzgado suspendió el día de la vista el juicio de faltas para abrir diligencias penales por un presunto caso de atentado a un funcionario público. "No hay derecho a que un profesor sea agredido", explicó Escámez nada más ser elegido nuevo delegado provincial. "Es algo que cuesta olvidar", sentenció.
Tras este caso, otro en Fuengirola también se tramitó como delito y con anterioridad hubo otros dos antecedentes en Granada y Almería, donde se dictaron sentencias con penas de cárcel (entre uno y tres años de prisión).
Ahora que se debate la propuesta de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, de conferir al profesorado la categoría de autoridad pública, conviene recordar que Andalucía también fue pionera en esto, ya que desde entonces se entiende que la función del docente se desarrolla en el ámbito público y afecta a la prestación de un servicio educativo.
La indisciplina, la insubordinación y las agresiones físicas o verbales a los profesores constituyen diferentes variantes de un problema más amplio: la violencia escolar, un fenómeno que no es nuevo en el ámbito educativo pero que se ha acentuado. Día a día, los profesores constatan que la normativa por la que se rige el sistema no les proporciona los instrumentos adecuados para hacer frente a la conflictividad del alumnado. Así, aumenta preocupantemente la sensación de indefensión. Puede que la autoridad no se imponga, que haya que ganársela, con límites.
Desde hace varios cursos Educación plantea además otras medidas educativas para favorecer la cultura de paz en las aulas. Además, en el curso 2007/08 aprobó un nuevo decreto de convivencia para sentar las bases y medios para combatir las agresiones y la falta de respeto al profesorado.